El nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entrará en vigencia en agosto de 2023, tipifica el acoso escolar como una conducta regulada, abordando así un vacío legal que ha afectado a miles de estudiantes. Esta modificación busca ofrecer una respuesta efectiva a una problemática que ha dejado secuelas graves en las víctimas y sus familias, transformando lo que antes se consideraba un simple conflicto entre estudiantes en un hecho con consecuencias jurídicas.
La propuesta de modificación a la Ley núm. 136-03, Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, fue elaborada con el objetivo de incorporar el acoso escolar dentro del sistema de protección de la niñez y la adolescencia. Aunque los centros educativos contaban con normas de convivencia, el marco legal existente no abordaba de manera integral la gravedad del acoso entre menores.
Con el tiempo, el acoso escolar ha evolucionado, extendiéndose más allá de las aulas y pasillos hacia las redes sociales y plataformas digitales, lo que ha complicado la protección de las víctimas y la imposición de consecuencias a los agresores. Esta nueva realidad ha hecho evidente la necesidad de una respuesta legislativa adecuada.
El nuevo Código Penal, a través de sus artículos 121 y siguientes, establece que las conductas de acoso y hostigamiento tendrán consecuencias legales, enviando un mensaje claro sobre la seriedad de estas acciones. De esta manera, el Estado busca fortalecer la protección de las víctimas y establecer medidas para quienes incurran en estas conductas.
Complementos normativos
El Código Penal se complementa con la Ordenanza núm. 011-2026 sobre el uso de dispositivos móviles y el Código de Ética del Ministerio de Educación, que regula la conducta de los docentes y el personal escolar. Estas disposiciones buscan prevenir el acoso y promover un ambiente de respeto en los centros educativos.
A pesar de estas reformas, se reconoce que ninguna ley por sí sola erradicará el acoso escolar. El verdadero cambio dependerá del compromiso de la sociedad y, especialmente, de los docentes para entender y prevenir el problema en todas sus manifestaciones.
La responsabilidad de construir una cultura de respeto y convivencia recae en la escuela, la familia, el Estado y la comunidad. Más que una simple reforma legislativa, se presenta una oportunidad para transformar la manera en que se aborda el acoso escolar.
El cambio real comenzará cuando se deje de justificar o minimizar las conductas que afectan la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, ya que una sociedad que normaliza el acoso se convierte en parte del problema.
