La creciente inseguridad ciudadana en Perú se presenta como el principal desafío para el próximo presidente o presidenta, quien será elegido el domingo 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Este fenómeno afecta especialmente a los autobuses de transporte urbano en la capital, Lima, donde las bandas criminales han incrementado sus actividades delictivas.

En los últimos dos años, la delincuencia ha aumentado notablemente, con grupos que extorsionan a negocios y empresas en zonas populares bajo amenazas de muerte, lo que ha llevado a un aumento en el índice de homicidios. Un representante de transportistas, que prefirió no identificarse, comentó que «todos los dirigentes están amenazados» y que «están asesinando a los que denuncian».

Desde 2024, se han declarado estados de emergencia en un intento por controlar la situación, aunque sin éxito, ya que los asesinatos de conductores continúan a pesar de las huelgas de transportistas. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, se registraron 93 asesinatos en el transporte público en Lima y el Callao, siendo el sector informal el más afectado, representando más del 70% del total.

El transportista J.C. se unió a otros colegas para exigir a las autoridades que no liberaran a uno de los líderes de la organización conocida como ‘Los gallegos de Huacho’, que ha estado extorsionándolos. J.C. expresó su indignación, señalando que la extorsión ha aumentado desde la aprobación de las leyes «procrimen» en el Congreso.

Según J.C., las bandas criminales exigen pagos iniciales de 50,000 soles (aproximadamente 14,700 dólares) y, bajo amenazas de muerte, demandan pagos mensuales o diarios. «Estamos cansados de que nos sigan asesinando», afirmó, subrayando que la situación ha cambiado y que ya no se trata solo de robos menores.

J.C. también pidió la derogación de las «leyes procrimen», que fueron impulsadas por el fujimorismo y otros grupos conservadores, argumentando que han tenido el efecto contrario al esperado, permitiendo que las bandas sigan operando y asesinando a diversas personas, no solo a transportistas.

Fujimori ha incluido en su programa la «recuperación del orden ciudadano», proponiendo medidas de «mano dura» para combatir la extorsión y fortalecer la presencia del Estado en barrios y zonas productivas. Sus propuestas incluyen el aumento del patrullaje motorizado y aéreo, la intervención militar y policial en la frontera con Ecuador, y la construcción de cuatro «megaprisiones» de máxima seguridad.

Por su parte, Sánchez ha centrado su campaña en la propuesta de una nueva constitución y la descentralización del país, además de plantear la reestructuración de la Policía Nacional y la inclusión de rondas campesinas en la prevención del crimen en áreas rurales.