En el debate sobre la crisis de la vivienda en España, predominan las ideologías y la politiquería, dejando de lado la razón. La Constitución establece el derecho a la vivienda en términos normativos, pero no describe una realidad concreta, convirtiéndose en un ideal que no coincide con el estado actual de las cosas.

Es necesario que los teóricos constitucionalistas incluyan el “cómo” para que los derechos fundamentales no sean letra muerta. La Constitución no establece que el derecho a la vivienda deba ser conquistado ni invita a las personas a esforzarse para acceder a ella. Tampoco menciona la obligación de trabajar arduamente para ahorrar y obtener un crédito hipotecario.

Los derechos conllevan responsabilidades personales que a menudo son ignoradas. En lugar de preguntar qué puede hacer el país por uno, se debería reflexionar sobre qué se puede hacer uno por su país, como lo sugirió John F. Kennedy.

No se debe ser indiferente ante la precariedad que enfrentan quienes no pueden acceder a una vivienda. Tanto el Estado como el mercado deben crear condiciones para que diferentes segmentos de la población, como jóvenes y personas vulnerables, puedan adquirir viviendas. Es fundamental exigir al gobierno de Pedro Sánchez planes concretos para la construcción de viviendas.

La discrepancia entre el crecimiento de los hogares y la construcción de viviendas es evidente: más de un millón de hogares en los últimos cinco años frente a apenas noventa y tres mil viviendas construidas al año. Esta limitación de la oferta, junto con un exceso de demanda, resulta en un déficit habitacional en España.

Satanizar a los propietarios que controlan más del 90% del mercado de alquiler no es la solución. Además, los fondos buitres apenas representan un 8% del mercado de alquiler. Es necesario permitir que quienes pueden pagar más lo hagan, en lugar de obstaculizar el desarrollo inmobiliario que responde a la demanda del mercado.

La gentrificación y la transformación de las ciudades traen consigo un aumento en los precios, pero también mejoran la calidad de vida al ofrecer más servicios y amenidades. La compra y remodelación de propiedades viejas para su reventa a precios superiores es un negocio legítimo y parte del funcionamiento del mercado.

La solución no radica en demonizar el capitalismo, sino en encontrar formas efectivas de abordar la crisis de la vivienda.