La minería en la República Dominicana debe basarse en el uso sostenible del agua, según la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE). Este enfoque es parte del Plan Hidrológico Nacional 2025-2045, que plantea que el desafío no es encontrar más agua, sino utilizar mejor la que ya tenemos. La minería utiliza aproximadamente el 2% del agua del país, mientras que la agricultura consume entre 76% y 86%.
Las preocupaciones de las comunidades sobre el agua son válidas y deben ser abordadas en un diálogo nacional que incluya a empresas, autoridades y academia. La Constitución establece que la minería debe ser ambientalmente sostenible y que sus beneficios deben llegar a las provincias donde se realiza la extracción. Este diálogo debe definir las reglas del juego antes de tomar decisiones sobre proyectos mineros.
Transparencia y monitoreo
CAMIPE propone que la minería debe ser transparente, con cuencas monitoreadas en tiempo real y datos accesibles para todos. Además, se deben establecer límites en territorios sensibles desde un enfoque científico. La minería también debe asumir la responsabilidad de su impacto ambiental desde el inicio, garantizando auditorías públicas independientes.
Una nueva Ley Minera, que reemplace la de 1971, podría incorporar estos principios y asegurar que el 5% de los ingresos municipales se destine a agua potable, saneamiento y desarrollo local. La minería formal ha mostrado un crecimiento del 5.2% entre enero y septiembre, superando el crecimiento de la economía nacional, y el oro sigue siendo un importante generador de divisas.
Sin embargo, el desarrollo minero debe basarse en el acceso a agua segura para las comunidades. La Constitución prioriza el consumo humano del agua y establece que ningún proyecto que ponga en riesgo este recurso debe avanzar sin estudios de impacto ambiental. Para el sector minero formal, cumplir con este mandato es un compromiso ético.
El Plan Hidrológico propone una mejor gobernanza y participación informada, y el sector minero se compromete a seguir este camino. La protección del agua no debe ser vista como un obstáculo, sino como una condición esencial para el desarrollo sostenible en el país.
