Obtener una sentencia judicial firme en República Dominicana no siempre significa el final de un litigio, que puede extenderse por más de diez años. A menudo, quienes ganan fallos a su favor enfrentan nuevos obstáculos, como demandas adicionales o audiencias ante el Abogado del Estado, especialmente en casos inmobiliarios, según el abogado Francisco García.

A pesar de que la Ley 396-19 permite al Ministerio Público regular la fuerza pública, esta competencia caducará en 2027. El Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0743/25, estableció que corresponde al Poder Judicial ejecutar lo juzgado, no al Ministerio Público.

El abogado Guillermo Hernández señala que uno de los problemas fundamentales es la práctica del Ministerio Público de buscar acuerdos con los deudores, lo que puede complicar la ejecución de la fuerza pública. Esto a menudo permite que ocupantes ilegales prolonguen el proceso en lugar de buscar un acuerdo amigable.

Un caso emblemático es el de Deisis Cándida Luna de Rodríguez y Agustín Simón Rodríguez Vicioso, quienes enfrentaron una litis de casi quince años. Aunque lograron obtener la fuerza pública para ocupar una parcela de casi 700 metros cuadrados en Bonao, fueron desalojados violentamente por una turba armada poco después.

Desde ese incidente, no han podido recuperar la posesión de la propiedad, debido a los altos costos del primer desalojo, que ascendieron a más de 600 mil pesos, y al riesgo de un nuevo desalojo. Hernández destaca que la lucha no termina con el desalojo, ya que los propietarios deben mantener vigilancia para evitar nuevas intrusiones.

Francisco García, con casi 40 años de experiencia en el derecho, criticó que, a pesar de obtener sentencias favorables, el Abogado del Estado haya convocado múltiples audiencias con ocupantes ilegales, como si el Ministerio Público tuviera funciones judiciales.

A pesar del desalojo de la emblemática Cafetería Olímpica en abril de 2026, el conflicto legal continúa. Tras más de dos décadas de litigio y con fallos de la Suprema Corte de Justicia que ratifican la titularidad del exministro de Cultura Rafael Eduardo Selman sobre la propiedad, se han presentado nuevas impugnaciones.

José Luperón, abogado de Selman, informó que enfrentan una contrademanda por abuso de los derechos legales, argumentando que no es legal iniciar un proceso que ya había sido perdido hace 16 años. El último fallo de la SCJ, en abril de 2025, rechazó un recurso de casación, confirmando el otorgamiento de la fuerza pública para el desalojo.