La República Dominicana enfrenta un alarmante aumento del 194.8% en las ejecuciones extrajudiciales entre 2021 y 2024, a pesar de que el discurso oficial resalta una disminución en la tasa de homicidios intencionales. Este fenómeno ha llevado a que las fuerzas de seguridad del Estado adopten el «intercambio de disparos» como una política de limpieza social de facto, revelando una grave contradicción en la gestión de la seguridad pública.

Las morgues del país cuentan una historia diferente a la que presenta el gobierno. Mientras se habla de una tendencia hacia la profesionalización policial, la realidad muestra un retroceso en los derechos humanos, llevando al país a niveles de violencia institucional que se creían superados hace más de una década. La clasificación de estas muertes como «homicidios no intencionales» o «acciones legales» es vista como un intento de ocultar la verdad.

Hasta el 4 de mayo de 2026, se han contabilizado 65 muertes en solo cuatro meses, lo que sugiere que el año podría cerrar como uno de los más violentos en la historia reciente de la Policía Nacional. Este incremento no solo se refiere a la cantidad de muertes, sino también a la arbitrariedad con la que se llevan a cabo, donde la falta de debido proceso se convierte en norma.

El peligro del «gatillo alegre»

La situación se agrava con la influencia de comunicadores y redes sociales que actúan como tribunales de inquisición, decidiendo quién debe ser «sacado de circulación». En este contexto, la policía, al salir a «cazar», no distingue entre delincuentes e inocentes, lo que resulta en pérdidas de vidas injustificadas.

Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, ha enfatizado que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la inviolabilidad de la vida. Portar un uniforme no debe interpretarse como una licencia para ejecutar, sino como una responsabilidad de proteger a la ciudadanía.

La anunciada «Reforma Policial» parece no tener impacto en la realidad de los barrios, donde la violencia prevalece. La percepción de seguridad se ve comprometida cuando los ciudadanos temen más a los policías que a los delincuentes.

Acciones urgentes necesarias

Para abordar esta crisis, se requieren acciones inmediatas, como investigaciones independientes de los casos de «intercambio de disparos», que no pueden ser manejados por la misma institución involucrada. Además, es fundamental establecer un control civil real, con transparencia en las estadísticas y rendición de cuentas de los mandos superiores.

La impunidad alimenta el fenómeno del «gatillo alegre», y mientras no haya consecuencias para los policías involucrados en ejecuciones, cualquier reforma será ineficaz. El presidente Luis Abinader y las autoridades de seguridad deben actuar con determinación para detener esta ola de violencia.

Es imperativo poner fin a los asesinatos extrajudiciales, ya que un Estado que recurre a la violencia para imponer el orden solo genera un caos más profundo y socava la dignidad humana.