Las ejecuciones extrajudiciales en el país siguen en aumento, con casi treinta casos reportados en lo que va de mes y más de ochenta en menos de dos meses. Este alarmante fenómeno incluye la muerte de jóvenes, como los mellizos adolescentes acribillados en sus camas, lo que ha generado un silencio preocupante por parte de las autoridades. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, han sido criticadas por su falta de respuesta ante esta crisis de derechos humanos.

La semana pasada, se cuestionó el silencio de Raful, quien parece haber olvidado sus principios sobre justicia y su condena a los asesinatos policiales. Sin embargo, la crítica también se extiende a Reynoso, quien ha centrado su atención en la corrupción, dejando de lado el tema de las ejecuciones extrajudiciales que antes prometió combatir. En 2019, durante su aspiración a jueza de la Suprema Corte, afirmó que sus decisiones reflejarían sanciones severas contra este tipo de actos, pero su enfoque ha cambiado desde entonces.

Reynoso no fue seleccionada por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero en agosto de 2020 asumió el cargo de procuradora general adjunta. Desde entonces, su atención se ha centrado en la persecución de presuntos corruptos, lo que ha relegado los derechos humanos en su agenda. Esta situación ha generado una paradoja: mientras la Policía mata a jóvenes de sectores marginales, los delincuentes de cuello blanco evitan la cárcel gracias a criterios de oportunidad aplicados por el Ministerio Público.

Los mellizos de dieciséis años, Randy Omar y Omar Randy Borges, fueron asesinados a pesar de que su abuela los entregó a la Policía, quienes no los apresaron por no tener antecedentes delictivos. Esto no impidió que fueran víctimas de la violencia. En contraste, Mimilo Jiménez Collie, señalado como el principal autor de una red de corrupción que habría robado al Estado 41,185 millones de pesos, recibió un trato preferencial por parte de la justicia.

Jiménez Collie fue ofrecido como delator a cambio de devolver 715 millones de pesos, lo que le permitió evitar ser juzgado, a pesar de su implicación en el caso. A diferencia de los mellizos Borges, que vivían en un sector vulnerable, Jiménez Collie reside en una lujosa torre y posee una mansión en la Ciudad Colonial, lo que evidencia un claro sesgo en la aplicación de la justicia.

El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los miembros del Ministerio Público pueden impartir órdenes a la Policía, quienes deben cumplirlas sin cuestionar su legalidad. Esto lleva a cuestionar si el silencio de Reynoso es una complicidad por omisión o una política que favorece la violencia contra los más pobres.

La situación actual plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las autoridades en la defensa de los derechos humanos en el país, mientras el número de ejecuciones extrajudiciales sigue en aumento.