El gobierno de Estados Unidos ha solicitado a sus embajadas en países latinoamericanos que informen sobre los delitos relacionados con la “migración masiva” y evalúen las políticas gubernamentales que facilitan estos movimientos.

Esta medida se alinea con la campaña antinmigratoria del presidente Donald Trump.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Departamento de Estado instó a las embajadas a analizar las políticas que “facilitan la migración masiva” o que “priorizan a los migrantes sobre los ciudadanos”.

Además, se exhortó a los gobiernos de la región a combatir lo que se considera violaciones de derechos humanos provocadas por la migración.

El comunicado enfatiza que “EE.UU. insta a los Gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la migración masiva”.

También se menciona que “la migración masiva y las redes criminales que la facilitan causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la seguridad fronteriza”.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha implementado políticas migratorias más estrictas, que incluyen miles de deportaciones y restricciones para la entrada de casi 40 países a territorio estadounidense.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes”, con la deportación de 605.000 personas y 1,9 millones de indocumentados que abandonaron el país de manera voluntaria.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha proporcionado datos que respalden esta última cifra.

Durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), se activaron políticas y programas económicos para abordar las causas de la inmigración, incluyendo “la mala gobernanza, la corrupción, la delincuencia, la violencia y la falta de oportunidades económicas”.