Washington.– El Gobierno de Estados Unidos está en proceso de revocar la ciudadanía a más de 350 personas en todo el país.

Esta acción podría ser una de las más amplias en décadas, según información revelada por The New York Times.

Funcionarios del Departamento de Justicia han iniciado el proceso y planean presentar demandas civiles para desnaturalizar a estos individuos.

La intención es expandir y acelerar los casos a nivel nacional.

Esta medida forma parte de una estrategia que se impulsó durante la administración de Donald Trump, con el objetivo de aumentar significativamente el número de revocaciones de ciudadanía en el país.

Requisitos para la revocación

Para llevar a cabo la revocación de la ciudadanía, el Gobierno debe demostrar ante un tribunal que la persona la obtuvo de manera fraudulenta o ilegal.

Esto incluye casos como ocultar antecedentes penales graves o proporcionar información falsa durante el proceso migratorio.

Es importante destacar que este mecanismo solo aplica a ciudadanos naturalizados, es decir, aquellos que no nacieron en territorio estadounidense pero adquirieron la nacionalidad tras emigrar.

Un portavoz del Departamento de Justicia ha indicado que la meta es alcanzar “el volumen más alto” de revocaciones en la historia del país.

Esto ha generado preocupación en sectores legales y de derechos civiles.

Controversias y críticas

Un memorando emitido en julio del año pasado instruyó a la División de Asuntos Civiles a priorizar estos casos, enfocándose en individuos con presuntos vínculos con terrorismo, narcotráfico o fraude en ayudas públicas.

Uno de los aspectos más controvertidos es el requisito de “buen carácter moral”, un concepto que carece de una definición clara en la legislación.

Expertos advierten que su interpretación podría llevar a decisiones subjetivas.

Organizaciones como el Brennan Center for Justice han señalado que esta ambigüedad podría permitir la revocación de ciudadanía por acciones protegidas por la Primera Enmienda, como la participación en protestas.

El posible aumento de desnaturalizaciones ha reavivado el debate sobre los límites del poder gubernamental en materia migratoria y los derechos de los ciudadanos naturalizados.

Mientras el Gobierno defiende la medida como una acción legal contra el fraude, críticos advierten sobre sus implicaciones para las libertades civiles en Estados Unidos.