El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, lo que aumenta la presión sobre La Habana. Castro enfrenta siete cargos, incluyendo conspiración para matar estadounidenses y asesinato, relacionados con el derribo de avionetas ocurrido el 24 de febrero de 1996.

La acusación sostiene que Castro, quien era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba en ese momento, ordenó el ataque a las aeronaves en las que viajaban Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Los cargos fueron presentados en abril en la corte federal del Distrito Sur de Florida y, de ser hallado culpable, Castro podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.

El ataque se centró en el rol de Castro en el derribo de las avionetas que realizaban misiones de rescate de balseros cubanos. Los sobrevivientes de una tercera aeronave, incluyendo a José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, vivieron un momento de gran tensión durante el incidente.

Una prueba clave en la acusación es un audio revelado por el diario Nuevo Herald de Miami, donde, supuestamente, Castro admite haber ordenado el ataque. En la grabación, Castro menciona que los aviones debían ser derribados en el mar, sugiriendo que la acción era necesaria para proteger el territorio cubano.

Los familiares de las víctimas y las autoridades citan un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que concluyó que el ataque ocurrió en aguas internacionales, lo que contradice la defensa de La Habana. Además, la acusación incluye a otros militares cubanos que supuestamente participaron en el ataque.

El Gobierno de Estados Unidos ya había acusado en 2003 a otros oficiales cubanos por su implicación en el caso, aunque algunos de ellos ya han fallecido. La Habana, por su parte, sostiene que los pilotos de Hermanos al Rescate estaban operando en espacio aéreo cubano y los califica de «terroristas».

La imputación se produce en un contexto de creciente presión de la Administración Trump sobre Cuba, especialmente tras la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien también enfrenta cargos criminales en Estados Unidos. Desde entonces, Trump ha intensificado las sanciones contra el Gobierno cubano.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que la acusación no es «simbólica» y que se ha emitido una orden de arresto contra Castro, esperando que se presente voluntariamente o sea detenido de otra manera.