El gobierno de EE. UU. ha sancionado a altos mandos militares cubanos, destacando su poder político y económico en la isla. Esta medida incluye a siete de las doce personas sancionadas, lo que refleja el enfoque de Washington en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, una institución que va más allá de sus funciones defensivas.
Las sanciones, que podrían no ser las últimas, subrayan la relevancia de las FAR en el contexto político cubano. Desde su formación tras la revolución de 1959, las FAR han sido una fuente de legitimidad, aunque su capital político se ha visto afectado por crisis a lo largo de los años.
Influencia política de los militares
Raúl Castro, aunque retirado, sigue siendo una figura clave en la política cubana, y su papel, junto al de su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ha sido fundamental en los recientes contactos con EE. UU. Una posible acusación formal contra él en relación al derribo de avionetas en 1996 podría tener graves repercusiones políticas.
Los militares cubanos también ocupan posiciones estratégicas en el Partido Comunista de Cuba (PCC). De los 13 miembros del buró político, cuatro son generales, y en el Consejo de Ministros hay cinco uniformados, lo que demuestra su influencia en la toma de decisiones.
Poder económico de las FAR
El conglomerado empresarial de las FAR, conocido como Gaesa, controla aproximadamente el 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba. Este grupo abarca diversas áreas de negocio, incluyendo hoteles, telecomunicaciones y tiendas minoristas en divisas.
Gaesa, que surgió en 1995 para financiar al ejército durante la crisis del Período Especial, ha crecido considerablemente bajo la dirección de Luis Alberto López-Calleja, quien fue su presidente ejecutivo hasta su muerte en 2022. Su opacidad y secretismo son notables, ya que no se menciona en los medios oficiales y su sede no lleva su nombre.
A pesar de informes que sugieren que Gaesa tiene reservas multimillonarias, un estudio de The Economist indica que el conglomerado podría contar actualmente con solo 1,000 millones de dólares debido a la caída del turismo y las remesas. Además, sus balances no están integrados en el presupuesto estatal y su actividad no es auditada por la Contraloría General.
