La Administración de Donald Trump ha iniciado acciones legales para revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude en sus procesos migratorios. Este anuncio fue realizado el lunes por el Departamento de Justicia, que ha presentado demandas contra 17 ciudadanos naturalizados acusados de delitos graves, incluyendo abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.
Entre los inmigrantes afectados se encuentran ciudadanos de varios países, como Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica. El fiscal general interino, Todd Blanche, destacó que aquellos extranjeros con antecedentes penales que infringen la ley durante el proceso de naturalización enfrentarán consecuencias.
Compromiso con la ley
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, afirmó que la Administración utilizará todas las vías legales para expulsar a estos individuos del país. En su mensaje en la red social X, enfatizó que la ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe ser ganado de manera honesta.
Mullin advirtió que quienes infrinjan las leyes y mientan en sus procedimientos migratorios perderán ese privilegio. Además, subrayó que su Departamento no se quedará inactivo mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales que han abusado del sistema migratorio de EE.UU.
Consecuencias de las demandas
Si las demandas prosperan, los inmigrantes afectados regresarían a su estatus migratorio anterior y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluyendo la protección contra la deportación. Esta medida forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias que ha caracterizado a la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
