Estados Unidos ha comenzado el proceso para revocar la nacionalidad a 12 personas nacidas en el extranjero, a quienes se les acusa de haber obtenido la ciudadanía de manera ilegal o fraudulenta. El fiscal general interino, Todd Blanche, indicó que estos individuos enfrentan acusaciones de fraude, abuso sexual y apoyo al terrorismo.

Entre los casos destacados se encuentran Victor Manuel Rocha, un estadounidense de origen colombiano condenado por espionaje a favor de Cuba; Oscar Alberto Pelaez, un sacerdote colombiano condenado por abuso sexual en 2002; y Kevin Robin Suárez, nacido en Bolivia y condenado en 2020 por conspiración para comprar y traficar armas.

Para que el Gobierno pueda revocar la ciudadanía, debe demostrar ante un tribunal que la persona la obtuvo de forma fraudulenta, como ocultar antecedentes penales o contraer un matrimonio ficticio. Este proceso se enmarca en una política más amplia de la Administración Trump para abordar las violaciones del sistema de inmigración.

En junio del año pasado, el Departamento de Justicia emitió un memorando que instruía a su División de Asuntos Civiles a priorizar casos de revocación de ciudadanía. El documento incluía una lista de individuos con vínculos al terrorismo, narcotráfico y tráfico de personas, así como aquellos que hubieran cometido fraude en programas de asistencia pública.

Uno de los requisitos para obtener la ciudadanía es el «buen carácter moral», un término no definido específicamente en la ley. Algunas organizaciones han advertido que esto podría permitir la revocación de la nacionalidad por acciones protegidas por la Primera Enmienda, como la protesta.

Según un informe de la organización Brennan Center for Justice, la Administración Trump ha arrestado y deportado a manifestantes a favor de Palestina que participaron en protestas donde se causaron daños a la propiedad. Esto sugiere que la desnaturalización podría ser utilizada como una extensión de esos esfuerzos.