Estados Unidos impuso este lunes nuevas sanciones a varios funcionarios cubanos, incluyendo a la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. Las sanciones del Departamento del Tesoro se anunciaron antes de que el Departamento de Justicia presente, el próximo viernes, una acusación formal contra el líder cubano Raúl Castro.
Entre los sancionados también se encuentran el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández; el director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce; y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Además, la Dirección Nacional de Inteligencia fue incluida en la lista de entidades sancionadas.
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) implican el bloqueo de todos los activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense de las personas o entidades designadas, prohibiendo cualquier transacción comercial o financiera con ellas. Esta medida se suma a otras sanciones ya impuestas a entidades como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.
Esta nueva ronda de sanciones se produce en un contexto de alta tensión entre Washington y La Habana, exacerbada por el bloqueo energético que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de «tomar el control» de la isla.
El Departamento de Justicia de EE. UU. tiene previsto presentar el miércoles ante un tribunal de Florida una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de una organización del exilio cubano, cuando él era ministro de Defensa. Este evento ha reavivado las tensiones entre ambos países.
En medio de estas crecientes tensiones, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó la semana pasada a La Habana para mantener reuniones con altos funcionarios del Gobierno cubano. Este viaje sugiere un intento de diálogo en un momento crítico.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que su país tiene «el derecho absoluto y legítimo a defenderse», en respuesta a informaciones que indican que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.
