El anuncio de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos contra Cuba ha generado preocupación entre las empresas internacionales que operan en la isla. La Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump, incluye sanciones a entidades y personas que interactúan con el Gobierno cubano, buscando presionar para que se implementen reformas económicas y políticas.

Los primeros sancionados son el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres. Gaesa controla más del 40% del producto interno bruto (PIB) de Cuba, abarcando sectores como hoteles, telecomunicaciones y distribución minorista, pero no publica resultados empresariales ni es auditada por la Contraloría General.

Además, la empresa estatal Moa Nickel SA, que explota importantes yacimientos de níquel y cobalto en la isla, también ha sido sancionada. Esta empresa, que opera en asociación con la minera canadiense Sherritt, anunció la suspensión inmediata de sus actividades en Cuba debido al riesgo asociado con las nuevas sanciones.

La Orden Ejecutiva firmada el 1 de mayo amenaza con congelar los activos en EE. UU. de personas o entidades no estadounidenses que trabajen con el Gobierno cubano o que estén involucradas en violaciones de derechos humanos. También se extiende a quienes apoyen al Gobierno cubano en sectores clave como energía, defensa y minería.

El Gobierno cubano ha rechazado estas medidas, calificándolas de «crímenes internacionales». El canciller Bruno Rodríguez denunció que la naturaleza extraterritorial de las sanciones atenta contra la soberanía de otros estados.

El abogado cubanoamericano Pedro Freyre señala que la Orden Ejecutiva busca disuadir a cualquier entidad o persona, especialmente no estadounidenses, de interactuar con Cuba. Considera que es una presión incremental sobre el Gobierno cubano.

John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE. UU.-Cuba, coincide en que las decisiones de la administración Trump se alinean más con un enfoque gradual que con estrategias de choque. En la isla operan diversas empresas internacionales, incluidas españolas, mexicanas y chinas, que podrían verse afectadas por estas sanciones.

Las empresas que operan en sectores sensibles como energía y finanzas son las más vulnerables a las sanciones. Sin embargo, la ambigüedad en la definición de los sancionables podría permitir una aplicación más discrecional de las sanciones, incluso a aquellas sin presencia física en Cuba.