El arancel del 25% impuesto por Estados Unidos a ciertas importaciones brasileñas comenzó a regir este miércoles, mientras el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció un plan de crédito de hasta 18.500 millones de reales (aproximadamente 3.650 millones de dólares) para apoyar a las empresas afectadas por esta medida comercial.

Este nuevo gravamen surge tras una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR), que determinó que algunas políticas brasileñas son «desleales» y perjudican a las empresas estadounidenses. Entre las prácticas mencionadas se encuentran el sistema de pagos automáticos PIX, restricciones en el acceso a mercados como el automotriz y de combustibles, así como cuestiones relacionadas con la corrupción y la deforestación ilegal.

Se estima que el arancel impactará al 18% de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, aunque algunas asociaciones comerciales sugieren que el efecto podría ser de hasta un tercio. Los productos más afectados incluyen máquinas industriales, azúcar, etanol, madera y calzado.

A pesar de la nueva tarifa, el presidente Donald Trump eximió a alrededor de 2.100 productos, entre los que se encuentran carne, café, petróleo y piezas para aviones, que son cruciales para el mercado estadounidense.

El Gobierno brasileño está evaluando su respuesta. Inicialmente, se consideró activar la ‘Ley de Reciprocidad’, aprobada en abril de 2025, para imponer represalias. Sin embargo, el vicepresidente Geraldo Alckmin y otros ministros han moderado el enfoque, enfatizando la necesidad de apoyar a las empresas afectadas.

Algunos sectores productivos han expresado su oposición a una escalada de aranceles con Estados Unidos, un socio comercial clave para Brasil. Tras reuniones con 22 sectores impactados, el Gobierno ha decidido priorizar las negociaciones con la potencia norteamericana.

El programa de crédito, denominado ‘Brasil Soberano III’, se financiará principalmente con recursos del Tesoro, complementado por fondos del banco de fomento estatal. Lula, en un evento en el Palacio de Planalto, destacó que a pesar de la decisión abrupta de EE.UU., el país está aprendiendo a adaptarse y a establecer diálogos con nuevos socios comerciales.

La imposición del arancel coincide con la cercanía de las elecciones presidenciales de octubre, donde Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo, enfrentándose al senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. La situación podría complicarse aún más, ya que Brasil es uno de los 60 países bajo investigación por EE.UU. por el uso de trabajo forzoso, lo que podría resultar en un arancel adicional del 12,5%.