El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddy Alcántara, informó este martes que más de 5,600 negocios han sido sancionados por infringir la Ley 358-05, durante operativos destinados a combatir la publicidad engañosa y el comercio ilícito en la República Dominicana.
Durante una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Alcántara destacó que desde 2021, su gestión ha fortalecido la capacidad operativa de la institución, ampliando su presencia en todo el país. En este tiempo, Pro Consumidor ha recibido más de 62,000 reclamaciones y denuncias relacionadas con incumplimientos de servicios y conflictos comerciales.
El director también mencionó que, gracias a un proceso de conciliación efectivo, se han recuperado cerca de RD$2,946 millones para ciudadanos afectados. Los operativos de inspección han permitido fiscalizar más de 60,000 comercios, de los cuales 5,600 fueron suspendidos por afectar los derechos de los consumidores.
Alcántara abordó las intervenciones contra la venta de productos peligrosos, como el “ácido del diablo” y el alcohol adulterado, que representan una amenaza para la salud pública. En cuanto a la publicidad engañosa, se verificaron más de 14,000 anuncios para evitar mensajes falsos que puedan inducir a error a los consumidores.
El funcionario también destacó las acciones contra establecimientos que realizaban cobros ilegales por pagos con tarjetas de crédito. Además, mencionó los avances en digitalización institucional, incluyendo la implementación de la Proco App y un libro digital de reclamaciones.
Alcántara resaltó el reconocimiento internacional de la República Dominicana en organismos especializados, incluyendo la aprobación en la ONU de una propuesta sobre resolución de conflictos transfronterizos y la elección del país para presidir la International Consumer Protection and Enforcement Network (Icpen) en el período 2025-2026.
Al finalizar la conferencia, reafirmó el compromiso de Pro Consumidor de seguir fortaleciendo las políticas de vigilancia del mercado y la protección de los derechos de los consumidores en el contexto de la economía digital y el comercio global.
