Mónica Franco llora la muerte de su hijo Bryan Ledesma, quien falleció tras recibir golpes y descargas eléctricas durante un operativo militar antidrogas en el suroeste de Ecuador. El joven de 28 años se convierte en el rostro más reciente de las denuncias sobre abusos del Ejército en su lucha contra las bandas narcotraficantes en un país marcado por la violencia.

Franco, de 57 años, expresa su dolor en Milagro, una localidad cercana a Guayaquil, donde la extorsión del crimen organizado es común. «Si mi hijo estaba supuestamente en algo malo, ¿por qué no lo llevaron a la Policía? ¡Me lo mataron a golpes!», dice entre lágrimas.

En 2025, Ecuador registró 244 denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policías, y este año se han contabilizado 23 casos de presunta ejecución extrajudicial, según cifras de la fiscalía. Ledesma, quien soñaba con ser conductor de tráiler, fue interceptado por el Ejército el 16 de marzo, tres días después de su cumpleaños, mientras iba a retirar una moto del taller.

Durante el operativo, fue retenido junto a un amigo y sometido a palizas durante 40 minutos, según el expediente de la fiscalía. Desde su muerte, Franco visita cada domingo la tumba de su hijo, recordando su amor por el fútbol y el camarón rebozado.

Tras el incidente, siete militares fueron procesados por presunta extralimitación de sus funciones. De ellos, dos están detenidos, mientras que los otros cinco enfrentan medidas cautelares. Un testigo del suceso, que logró escapar, declaró que los soldados arrojaron a Ledesma a un charco y le aplicaron descargas eléctricas en la lengua.

Patricio Ledesma, padre del joven, culpa al gobierno de Daniel Noboa por otorgar demasiada importancia a los militares en su estrategia de seguridad. Este contexto se da en medio de una ofensiva del presidente, quien ha desplegado soldados en las calles bajo estado de excepción y con el respaldo de Estados Unidos.

A pesar de las redadas, Ecuador alcanzó un récord de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado. En el caso de Ledesma, el cuerpo fue encontrado en un hospital, mojado y lleno de tierra, según sus familiares. «Lo último que dijo mi hermano fue ‘ya no puedo más'», relata una hermana que pidió permanecer en el anonimato.

Los militares defienden su actuación argumentando que buscaban a traficantes de drogas, aunque no hay evidencia de que Ledesma portara sustancias ilegales. Las Fuerzas Armadas se desvinculan del caso, afirmando que los agentes actuaron sin autorización y fuera de su jurisdicción.

Organizaciones de derechos humanos critican la política de seguridad del gobierno de Noboa, señalando un patrón de abusos y desapariciones forzadas. En los últimos seis meses, se han reportado muertes de jóvenes a manos de militares, lo que genera preocupación sobre el uso de la fuerza en el país.