La economía mundial enfrenta una crisis debido a diversos factores, incluidos los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, así como la reciente tensión entre Irán y Estados Unidos, que han provocado un aumento significativo en los precios de los carburantes. La crisis inflacionaria en Estados Unidos, principal socio comercial de la República Dominicana, también impacta el costo de bienes y combustibles en el país. Esto se traduce en un incremento de los precios de importación que afecta directamente a la población dominicana.

Un informe de ReliefWeb del 15 de junio destaca que el conflicto en el Medio Oriente ha interrumpido gravemente el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, elevando los precios internacionales del crudo, como el Brent, por encima de los US $90 el barril. Aunque recientemente ha habido una ligera disminución a cerca de US $80 por barril, los precios siguen siendo superiores a los niveles previos al conflicto. Este panorama adverso podría reducir el crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe en hasta 1,2 puntos porcentuales para 2026, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El BID también plantea interrogantes sobre cómo los gobiernos deben actuar para proteger a los hogares vulnerables y mantener la disciplina fiscal. En respuesta, el gobierno dominicano ha implementado un subsidio que ha limitado el aumento de los precios de los combustibles, apostando por la protección de los sectores más vulnerables. A pesar de los aumentos en otros países, en la República Dominicana la gasolina ha subido apenas un 11% y el gasoil un 13%.

El plan anticrisis presentado por el gobierno busca adecuar el sistema de recaudación fiscal y fortalecer la oferta y la resiliencia. Este plan no incluye un aumento en el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), pero eleva al 30% durante tres años a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales, abarcando a poco más de 1,000 empresas.

Además, se establece un aumento en la indexación salarial de RD$34,685 a RD$39,900 y se incrementa la deducción por gastos educativos del 25% al 30%. También se eliminan impuestos a las hipotecas y a la constitución de compañías, y se reduce el impuesto sobre donaciones y sucesiones entre padres e hijos del 27% al 3%.

El plan busca facilitar la formalización de empresas, una de las principales propuestas del ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón. Las medidas están diseñadas para promover un entorno más favorable para los negocios y mejorar la calidad del empleo en el país.

A pesar de las críticas de la oposición, que recuerda reformas fiscales pasadas, el actual gobierno presenta un enfoque integral que busca modernizar la economía y responder a las necesidades de la población. Este plan anticrisis se considera un paso hacia la formalización y robustecimiento de la economía dominicana en el futuro.

Finalmente, la situación actual demuestra que las decisiones económicas deben ser estratégicas y adaptadas a las realidades del contexto global, buscando siempre el bienestar de la población más vulnerable.