LA HAYA.– La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte.

Esto se debe a su papel en la controvertida “guerra contra las drogas” y ha ordenado su envío a juicio.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares. Los jueces concluyeron que hay “motivos fundados” para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato en un ataque “generalizado y sistemático” contra la población civil en Filipinas.

Los crímenes se habrían cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el contexto de la política antidrogas del exmandatario.

Esta política ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales debido al alto número de víctimas.

Detalles del juicio

La CPI sostiene que la campaña de Duterte incluyó múltiples ejecuciones extrajudiciales, una práctica denunciada durante años por diversas organizaciones de derechos humanos.

La decisión se fundamenta en pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa en una audiencia celebrada en febrero.

Además, se evaluaron documentos y testimonios de las partes involucradas y de las víctimas, lo que refuerza la base probatoria para llevar el caso a juicio.

Con esta resolución, el expediente será transferido a una Sala de Primera Instancia.

Esta sala definirá los próximos pasos, incluyendo el calendario judicial. La CPI ha subrayado que el proceso respetará todas las garantías de un juicio “justo e imparcial”, asegurando tiempo suficiente para la preparación de la defensa.

Contexto del caso

Duterte fue detenido en Manila y trasladado a La Haya en marzo del año pasado, tras una orden de arresto secreta.

La audiencia de confirmación se realizó sin su presencia, debido a problemas de salud y cuestionamientos sobre la jurisdicción del tribunal.

Sin embargo, un panel médico independiente determinó que estaba en condiciones de participar en esa fase del proceso.

Su defensa podría solicitar nuevas evaluaciones ahora que el caso avanza a juicio.

Durante las audiencias, la Fiscalía situó a Duterte, de 80 años, “en el corazón” de un presunto plan sistemático de asesinatos, tanto durante su mandato como alcalde de Davao como en su presidencia.

Por su parte, la defensa ha denunciado una supuesta persecución política vinculada al actual mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr.

En una decisión previa, la Sala de Apelaciones de la CPI ya había confirmado su jurisdicción y rechazado el recurso de la defensa, despejando el camino para un juicio que podría establecer un precedente internacional.