Los propietarios del centro de entretenimiento Jet Set han presentado un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para impugnar las medidas conservatorias impuestas en el proceso penal relacionado con el colapso del establecimiento. Argumentan que estas medidas han generado una afectación patrimonial superior a la autorizada por el tribunal.

La apelación fue interpuesta por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales vinculadas al grupo empresarial. No cuestionan el monto de la garantía fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción, que es de RD$500 millones, ni la procedencia de la medida cautelar, sino la forma en que esta puede ser ejecutada por las víctimas.

Los recurrentes sostienen que la autorización concedida ha permitido que distintos actores civiles impongan embargos e inscriban hipotecas judiciales de manera independiente, cada uno por hasta RD$500 millones. Esto ha provocado una superposición de medidas que, según afirman, ya supera los RD$1,500 millones, tres veces el límite establecido en la resolución recurrida.

El recurso argumenta que esta situación desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, vulnera el principio de proporcionalidad y convierte una garantía única en múltiples afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes.

Los abogados buscan que la garantía de RD$500 millones sea constituida mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora. Sostienen que la legislación y la jurisprudencia permiten sustituir embargos por una garantía equivalente que asegure adecuadamente los derechos de los acreedores.

En este sentido, solicitan a la Corte que revoque únicamente el ordinal de la resolución que regula la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias. Piden que se autorice la constitución de la garantía mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora de reconocida solvencia.

La defensa argumenta que esta alternativa no reduce la protección de las víctimas, sino que la fortalece al concentrar la garantía en un único instrumento de ejecución inmediata. Esto evitaría la multiplicidad de embargos, facilitaría el control judicial y eliminaría la posibilidad de que las medidas cautelares excedan el monto autorizado por el tribunal.