Las denuncias de corrupción en el Consejo Estatal de Azúcar (CEA) han aumentado, centrando la atención en su director, Rafael Burgos Gómez.
Este funcionario es acusado de beneficiar a un empresario del sector de combustibles al usufructuar terrenos que pertenecen a terceros.
A pesar de las intenciones del presidente Luis Abinader de erradicar la corrupción en la institución, los esfuerzos parecen no haber tenido un impacto significativo hasta el momento.
El abogado Moisés Sánchez Severino y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han expuesto estas preocupaciones ante los medios.
Según ellos, aunque Abinader reafirmó la prohibición de transferir terrenos del CEA a particulares, Burgos Gómez continúa con prácticas que favorecen a ciertos empresarios, despojando a los legítimos propietarios de sus tierras.
Sánchez Severino, quien representa a Juan Rivera, uno de los afectados, subrayó que, a más de trece meses de que el presidente emitiera el Poder Especial 36/25, que ordena al director del CEA gestionar la venta y transferencia de terrenos, aún no ha habido respuesta a las solicitudes de los propietarios.
Este silencio ha generado inquietud entre los afectados, quienes ven en esta situación un desacato a la autoridad presidencial.
Denuncias de irregularidades en la gestión de terrenos
La preocupación de los denunciantes se intensifica ante la posibilidad de que Burgos Gómez esté actuando en beneficio de un empresario del sector de combustibles, identificado como Gangle Vásquez Rodríguez.
Este empresario ha mostrado interés en establecer una estación de combustibles en la Ciudad Juan Bosch desde 2017, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de las acciones del director del CEA.
Según Sánchez Severino, la actitud desafiante de Burgos Gómez es evidente, ya que no ha cumplido con la orden presidencial y ha mantenido un silencio prolongado.
Las acusaciones apuntan a que Burgos Gómez solicitó la revocación del Poder Especial 36/25 sin el conocimiento del Consejo Directivo del CEA, lo que podría constituir una violación de los procedimientos establecidos.
Este consejo, que es el órgano más alto dentro de la estructura del CEA, había autorizado previamente la venta de terrenos a Juan Rivera, quien cumplió con todos los requisitos legales necesarios.
Además, se ha denunciado que Burgos Gómez y César Cedeño, en el periodo 2023-2025, adjudicaron de manera irregular a Vásquez Rodríguez un total de nueve terrenos que suman 150,000 metros cuadrados.
Estas adjudicaciones se realizaron a través de adendas a una permuta anulada, sin seguir el debido proceso y sin contar con la documentación necesaria, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia de estas transacciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha exigido la intervención inmediata del presidente Abinader para resolver esta situación y ha solicitado la destitución de Burgos Gómez como director del CEA.
La falta de acción en este caso no solo afecta a los propietarios legítimos, sino que también pone en entredicho la capacidad del gobierno para combatir la corrupción en instituciones clave del Estado.
