Los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Tobias Crespo y Nurca Luciano, expresaron este sábado su desacuerdo con la reforma al Código Penal, argumentando que no se les ha otorgado el tiempo necesario para elaborar un informe disidente. Crespo enfatizó que el artículo 164 permite emitir un informe disidente en un plazo de 24 horas, pero cuestionó cómo se puede lograr esto en un día sábado, cuando las comisiones estaban cerradas.

Crespo también criticó al Partido Revolucionario Moderno por tener un informe prefabricado que facilita su votación y firma inmediata. Afirmó que es un derecho de las minorías ser respetadas y no ser ignoradas por la mayoría, haciendo un llamado a considerar las opiniones divergentes sobre el informe de la Comisión Oficial Permanente.

Por su parte, Luciano argumentó que la cantidad de propuestas presentadas es excesiva y que el tiempo de 24 horas no es suficiente para que una comisión de tres personas analice más de 93 propuestas. Destacó la importancia de elaborar un informe disidente, dado el impacto que tiene el Código Penal en la sociedad.

El informe disidente, según el artículo 164, permite a los miembros de una comisión que no estén de acuerdo con la mayoría presentar sus opiniones por escrito. Estos informes deben ser enviados a la Secretaría General Legislativa junto con el informe de la Comisión.

Si no se presenta el informe disidente en el plazo establecido, se puede depositar directamente en la Secretaría General Legislativa en días laborales antes de su inclusión en la orden técnica.

Actualmente, los diputados están debatiendo las modificaciones del Código Penal, conocido como Ley 74-25, en torno a varios temas polémicos que han generado rechazo en distintos sectores sociales, jurídicos y políticos.

Uno de los puntos más discutidos es la interrupción del embarazo bajo tres causales, donde sectores sociales piden la despenalización en casos de riesgo para la madre, violación o incompatibilidad del feto con la vida. La ley actual mantiene estas situaciones penalizadas.

También se han presentado críticas al artículo que regula el aborto terapéutico, que exige «agotar todos los medios científicos», lo cual es considerado inviable por médicos en situaciones de emergencia obstétrica.

Además, gremios periodísticos y la sociedad civil han rechazado las penas de cárcel por difamación e injuria, así como la figura del «ultraje» a funcionarios públicos, argumentando que estas medidas amenazan la libertad de expresión y actúan como mecanismos de censura.

Finalmente, se han planteado cuestionamientos al artículo 328, que establece un límite de 20 años para perseguir delitos de corrupción pública, lo que es visto como un obstáculo para la justicia.