La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión un conjunto de modificaciones al nuevo Código Penal, con el objetivo de corregir aspectos que generaron preocupación entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Las modificaciones buscan mejorar el acceso a la información y el debate público, aunque el texto comparado aún no ha sido publicado oficialmente.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación del artículo 208, que se refiere al delito de difamación. La versión original era considerada demasiado amplia, lo que podría facilitar acciones penales contra expresiones relacionadas con asuntos de interés público. La nueva redacción busca precisar los elementos que configuran el delito, ofreciendo mayores garantías a quienes ejercen el derecho a informar y opinar.

Otro cambio significativo afecta el artículo 209, que tipifica la difamación extorsiva. La redacción inicial generó inquietud, ya que podía interpretarse como aplicable a investigaciones periodísticas. La reforma delimita la conducta sancionada, reservándola para casos donde exista la intención de obtener un beneficio económico mediante la amenaza de divulgar información, diferenciándola del ejercicio legítimo del periodismo investigativo.

Modificaciones clave para la libertad de expresión

La modificación más trascendental se encuentra en el artículo 211, que amplía las causas de exclusión de responsabilidad. Anteriormente, las situaciones en las que ciertas expresiones no podían considerarse difamatorias eran limitadas. La nueva redacción busca fortalecer la protección de opiniones y críticas emitidas dentro del marco constitucional de la libertad de expresión, siendo relevante para periodistas, abogados y ciudadanos en debates públicos.

Los diputados también revisaron el artículo 192, que trata sobre la difusión ilícita de contenido íntimo. La formulación original generó preocupaciones sobre su aplicación a publicaciones de interés público. La modificación redefine el tipo penal, enfocándose en la difusión no autorizada de contenido estrictamente íntimo, evitando interferencias con la divulgación de información periodística relevante.

Un ajuste adicional corresponde al artículo 310, que sanciona el ultraje en el ámbito jurisdiccional. Juristas habían advertido que su redacción podía usarse para perseguir penalmente críticas a jueces o funcionarios judiciales. La reforma restringe el alcance del tipo penal, impidiendo su uso como instrumento para limitar críticas legítimas al sistema de justicia.

A pesar de estas modificaciones, los delitos de difamación e injuria siguen siendo considerados infracciones penales. Las reformas buscan delimitar con mayor precisión cuándo existe responsabilidad criminal y cuándo debe prevalecer el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, especialmente en asuntos de interés público.

El verdadero impacto de las modificaciones se determinará una vez que la Cámara de Diputados publique el texto comparado con la redacción definitiva. Este documento permitirá evaluar si se acogieron las observaciones de organizaciones que demandaban mayores garantías para el ejercicio del periodismo y la crítica pública, incluyendo la preservación de principios como la exceptio veritatis y la protección de críticas a funcionarios públicos.