La Cámara de Diputados aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas un proyecto que modifica la Ley 339-22, sobre el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. La iniciativa, presentada inicialmente por el Poder Judicial y reintroducida por el diputado Alfredo Pacheco, busca profundizar la transformación digital de la Justicia en la República Dominicana.
Con esta aprobación, se da un paso significativo hacia la ampliación del uso de herramientas tecnológicas en los tribunales, fortaleciendo la firma digital y estableciendo nuevos mecanismos de control y trazabilidad de las actuaciones judiciales. Entre las novedades, se establece que los alguaciles deberán documentar digitalmente las diligencias relacionadas con notificaciones de actos firmados digitalmente, registrando el lugar, fecha y hora de cada acción.
Modificaciones al proyecto original
La comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto presentó un informe favorable con modificaciones, buscando adecuar la normativa a los avances tecnológicos y cambios en el ordenamiento jurídico dominicano. El presidente de la comisión, Tobías Crespo, explicó que estas modificaciones responden a situaciones surgidas en la aplicación de la justicia digital y actualizan el proyecto conforme a nuevas leyes.
Entre los cambios destacados se encuentra la ampliación del objeto del proyecto mediante la modificación de varios artículos de la Ley núm. 339-22, así como la incorporación de un nuevo artículo. También se adecuaron contenidos del proyecto a distintas normas del ordenamiento jurídico, incluyendo el Código Civil y la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia.
Estas actualizaciones son necesarias, ya que algunas normas del proyecto original fueron elaboradas antes de la aprobación de nuevas legislaciones penales, por lo que se busca armonizar el régimen de justicia digital con el marco jurídico vigente. Además, se contempla el tratamiento de procesos judiciales que no puedan desarrollarse mediante herramientas digitales debido a problemas técnicos o de conectividad.
Antecedentes y objetivos del proyecto
La iniciativa surge tras la experiencia de la pandemia de COVID-19, cuando el sistema judicial dominicano tuvo que recurrir a herramientas digitales para evitar la paralización de los procesos. La Suprema Corte de Justicia implementó mecanismos de justicia digital, lo que llevó a distintos sectores a recurrir al Tribunal Constitucional para abordar aspectos relacionados con su aplicación.
El proyecto busca adecuar la legislación a los criterios del Tribunal Constitucional y a las experiencias acumuladas durante la aplicación de la justicia digital. Con estas modificaciones, se procura establecer un marco jurídico más actualizado para el uso de herramientas digitales en los procesos judiciales, equilibrando la modernización del sistema de justicia con la protección de los derechos fundamentales.
La propuesta también establece que jueces y servidores judiciales utilicen firma digital para suscribir documentos vinculados a los procesos. Además, se amplía el uso de audiencias virtuales, que podrán celebrarse en todas las materias, excepto en la penal, siempre que haya consentimiento de las partes. El proyecto fue enviado al Senado para completar su trámite y ser convertido en Ley.
