La diputada por la provincia Puerto Plata, doctora Lidia Esther Pérez de Taveras, presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal para fortalecer la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la crítica y la denuncia. La iniciativa propone reformar los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley núm. 74-25, argumentando que su redacción actual podría permitir sanciones penales contra opiniones y críticas de interés público.

Esta propuesta complementa un proyecto sometido el pasado 6 de mayo sobre Garantías de la Libertad de Expresión, con el que la legisladora busca reforzar las garantías democráticas en el país. Según Pérez, ambas iniciativas tienen como objetivo garantizar que ningún dominicano sea perseguido penalmente por ejercer su derecho a opinar, denunciar o participar en debates sobre asuntos de interés público.

Detalles del Proyecto

Pérez enfatizó que las reformas no buscan eliminar sanciones contra conductas dañinas, sino precisar la legislación para castigar abusos reales sin afectar la libertad de expresión. Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación de los artículos 208 y 210, que sustituirían las penas de prisión por multas y medidas de reparación en casos de difamación e injuria.

La propuesta también incorpora el criterio de dolo, estableciendo que la responsabilidad solo se aplicará si se demuestra que la información sobre funcionarios públicos o asuntos de interés público fue difundida sabiendo que era falsa. Además, plantea eliminar del ámbito penal las expresiones críticas hacia funcionarios, enfocándose en sanciones solo para amenazas graves y verificables.

Asimismo, se modifican los artículos 121, 122 y 123 para que los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying impliquen conductas reiteradas y graves, capaces de causar daño real. El proyecto excluye expresamente de estas figuras las opiniones y críticas relacionadas con asuntos de interés público, manteniendo penas severas para quienes afecten a menores o divulguen contenido íntimo sin consentimiento.

Implicaciones y Recomendaciones

Pérez aclaró que las reformas no implican impunidad frente a delitos reales, manteniendo sanciones estrictas para la difamación extorsiva y otras conductas delictivas. La legisladora busca diferenciar entre conductas criminales y el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, evitando la persecución penal de periodistas y activistas.

La diputada recordó que organismos internacionales han recomendado que los delitos relacionados con la expresión no sean castigados con prisión. Además, destacó que el Ministerio Público dominicano estableció en 2023 que no toda expresión ofensiva en redes sociales debe ser objeto de persecución penal.

Finalmente, junto al proyecto, Pérez depositó una matriz comparativa con la redacción vigente de los artículos cuestionados y las modificaciones propuestas, la cual será compartida con legisladores, juristas y organizaciones de la sociedad civil. “Defender a las víctimas no puede significar silenciar ciudadanos”, concluyó la diputada.