El Ministerio de Interior y Policía anunció este miércoles que el ciudadano haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe tiene un impedimento de entrada a la República Dominicana que se mantendrá vigente hasta el 13 de octubre de 2025. Esta medida fue comunicada a través de la red social X y se ejecutó tras una notificación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Dirección General de Migración.

La decisión del ministerio se produce después de que se conociera que las autoridades estadounidenses habían autorizado la deportación de Vorbe hacia el país, tras haber estado detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, bajo acusaciones de representar un riesgo para la política exterior de Estados Unidos.

Este caso se ha hecho relevante en el contexto de un acuerdo migratorio reciente entre Estados Unidos y República Dominicana, que aborda el traslado temporal de nacionales de terceros países. Sin embargo, las autoridades dominicanas han aclarado que dicho convenio no incluye a ciudadanos haitianos.

Documentos judiciales indican que Vorbe había presentado en 2025 una petición de habeas corpus ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, argumentando que su detención violaba el debido proceso. Además, mantenía un proceso migratorio activo para obtener residencia permanente en Estados Unidos a través de una petición familiar de su hijo, quien es ciudadano estadounidense, y contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS).

Sin embargo, en septiembre de 2025, Vorbe fue arrestado por agentes de ICE en su hogar en Miami y posteriormente trasladado al Centro de Procesamiento Krome.

Según el expediente del caso, el Gobierno estadounidense, en un memorando atribuido al entonces secretario de Estado Marco Rubio, alegó que Vorbe había estado involucrado en actividades relacionadas con la violencia y el apoyo a pandillas en Haití, lo que contribuiría a la desestabilización del país.

La defensa de Vorbe rechazó estas acusaciones, argumentando ante el tribunal que no existían pruebas concretas en su contra y que su cliente no tenía antecedentes criminales ni en Estados Unidos ni en Haití.

A pesar de los argumentos presentados por sus abogados, la solicitud de habeas corpus fue denegada, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a autorizar su deportación a la República Dominicana.