Bajo el sol intenso de la mañana, la salida del elevado de la avenida John F. Kennedy con Ortega y Gasset fue escenario de un operativo peligroso por parte de varios agentes de la Digesett, quienes intentaban detener a motoristas que transitaban por el viaducto. Esta acción forma parte de una serie de operativos que buscan atrapar a infractores que utilizan los elevados y túneles del Gran Santo Domingo, algo prohibido por la Ley 63-17.

Un contingente de diez agentes, apoyados por una grúa y varias motocicletas oficiales, aguardaba el flujo de vehículos que emergía del viaducto. El objetivo era claro: interceptar a los motoristas que violaban la ley al cruzar el paso a desnivel, una zona restringida para vehículos de dos ruedas.

No obstante, la logística del operativo resultaba arriesgada. Los agentes se lanzaban prácticamente sobre la vía en la salida del túnel, obligando a frenazos bruscos que hacían chirriar los neumáticos en un tramo donde la visibilidad es limitada para los conductores.

La presencia de los diez uniformados bloqueando el carril no solo buscaba imponer el orden, sino que generaba un riesgo inminente de colisiones, poniendo en peligro tanto a los infractores como a los mismos agentes que se movían entre vehículos en marcha.

Aproximadamente diez minutos después de iniciar el operativo, los agentes se pusieron en alerta al divisar a un motociclista que venía a gran velocidad por el viaducto. Sin tiempo para devolverse, el motociclista fue atrapado por los agentes, quienes le quitaron la moto y lo escoltaron hacia la grúa.

Lo cuestionable de esta situación no es la aplicación de la Ley 63-17, sino la estrategia de «emboscada» utilizada por la Digesett. La lógica sugiere que para evitar que un motorista suba al elevado y ponga en riesgo su vida, bastaría con colocar un agente en la entrada del viaducto para disuadir la infracción antes de que ocurra.

A pesar de esto, la Digesett optó por un despliegue masivo al final del trayecto, lo que evidencia que el interés parece ser más la captura de infractores que la prevención de riesgos. Este uso de recursos para una tarea que podría resolverse con vigilancia preventiva deja una sensación amarga entre la ciudadanía.

Al final del día, la percepción es que la institución se enfoca más en cumplir cuotas de multas y fiscalizaciones que en garantizar la seguridad vial y la fluidez del tránsito en la ciudad. Mientras los agentes cargaban las motos a la grúa, el tránsito se convertía en un nudo de bocinas y humo, reflejando que la seguridad vial en la ciudad de los elevados parece haber sido reducida a una simple transacción comercial.