La deuda pública dominicana alcanzó los US$83,797 millones en junio de 2026, lo que ha generado preocupación entre la población y expertos en economía. Este monto representa el 47.9% del PIB, un porcentaje que, aunque se considera manejable en comparación con el promedio de América Latina, plantea interrogantes sobre la calidad del gasto público.
A pesar de que se argumenta que la deuda es sostenible debido a factores como la pandemia y los subsidios, muchos cuestionan cómo se ha utilizado el dinero prestado. La falta de transparencia en el uso de estos fondos ha llevado a una situación donde el gasto ineficiente se convierte en una carga para la población, sin que haya responsables claros por los resultados.
Las cifras indican que el subsidio eléctrico cuesta al país 331.5 millones de pesos diarios, un gasto que se pierde en apagones y conexiones ilegales. Esta situación refleja una ineficiencia sistémica que se perpetúa, mientras que la población enfrenta las consecuencias de decisiones mal gestionadas.
La crítica se extiende a la dirigencia política, donde partidos se han transformado en agencias de nombramientos y se han creado nóminas infladas. Esta cultura de impunidad ha llevado a una percepción de que la honradez es un valor obsoleto, lo que afecta gravemente la confianza de los ciudadanos en sus líderes.
La pobreza infantil es otro aspecto alarmante, con un 30.1% de los menores de 15 años viviendo en condiciones precarias. Esta realidad plantea un futuro incierto para el país, que parece hipotecar el bienestar de su niñez para cubrir intereses y subsidios.
En el contexto regional, Haití enfrenta una crisis profunda, y la República Dominicana utiliza su mano de obra en condiciones informales. La falta de control sobre la migración irregular y la frontera, junto con la fuga de jóvenes profesionales, añade más presión a un entorno ya complicado.
Ante esta situación, se hace un llamado a la ciudadanía para que no vote por simpatías o promociones mediáticas, sino que exija un perfil claro de los candidatos. Se proponen criterios como la honradez, la autoridad sin privilegios, la competencia comprobada y la rendición de cuentas.
La necesidad de un cambio en la forma de hacer política es evidente. La población debe analizar a los candidatos y exigir transparencia antes de ejercer su derecho al voto, evitando así comprometer su futuro a través de decisiones impulsivas.

