La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la detención inmediata de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero ha generado una fuerte repercusión en el país, con reacciones de júbilo social y observaciones del sector empresarial. Comunitarios y organizaciones sociales de San Juan valoraron la medida como una «victoria del pueblo» tras años de reclamos en defensa de la Cordillera Central, considerada el principal activo hídrico y agrícola del país.
Cientos de ciudadanos se concentraron en el Arco de Triunfo bajo la consigna “Agua sí, oro no”, celebrando que el Poder Ejecutivo atendiera el clamor de las recientes movilizaciones hacia la presa de Sabaneta. En el ámbito legislativo, el senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, destacó la responsabilidad del mandatario ante una situación que generaba preocupación nacional.
Bautista subrayó que cualquier riesgo de contaminación en la cuenca del río San Juan tendría consecuencias irreversibles para las regiones de El Valle y Enriquillo, donde más de 770 mil personas dependen de este recurso para su consumo, salud y desarrollo agropecuario. El diputado Frank Ramírez también resaltó el alivio de los sanjuaneros, calificando la cancelación como un compromiso del presidente Abinader con la protección de los recursos naturales y la paz social de la demarcación.
Reacciones políticas y sociales
Desde la esfera política, el Frente Amplio apoyó la medida, considerándola un paso correcto en el marco de la Ley 64-00 de Medio Ambiente. María Teresa Cabrera, representante de la organización, enfatizó que este logro es resultado de la movilización de los sectores populares, campesinos y ambientales en defensa de su territorio.
Los sectores sociales han expresado su disposición de apoyar planes de reforestación para fortalecer la productividad del «granero del sur», coincidiendo en que San Juan debe consolidar su vocación como valle productor de alimentos y no como un distrito minero. Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, manifestó su desacuerdo con la paralización del proyecto.
Dargam reconoció la vocación de concertación del presidente Abinader, pero sostuvo que la República Dominicana tiene el potencial necesario para desarrollar una minería responsable. Según él, el país debe buscar un equilibrio que permita el aprovechamiento económico de sus recursos sin comprometer la sostenibilidad social y ambiental, lamentando que la detención de las actividades en Romero frene una oportunidad de desarrollo bajo estándares de responsabilidad minera.
