El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes Medina, llevó a cabo una protesta este jueves frente a la Procuraduría General de la República, exigiendo respuestas por las más de 234 ejecuciones registradas en el país durante el año 2026, cifra que supera a la del año anterior en cuanto a ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional.
Medina destacó que esta situación ha generado una alarma nacional, señalando el silencio de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, ante el derramamiento de sangre en la República Dominicana. Criticó la falta de acción por parte de las autoridades, quienes no han respondido a la creciente preocupación por las muertes violentas.
El presidente de la CNDH-RD también cuestionó la inercia en las investigaciones, mencionando que hay casos que llevan años sin respuesta por parte de la Procuraduría y la Fiscalía. Reiteró que el Ministerio Público debe actuar conforme a lo establecido en la Constitución y en los convenios internacionales.
Medina advirtió que si no hay respuesta en un plazo breve, la Comisión se dirigirá a organismos internacionales para denunciar la situación, cumpliendo con lo que establece la normativa constitucional.
La entidad defensora de los derechos humanos criticó el silencio institucional de la procuradora, afirmando que la falta de respuestas convierte la omisión estatal en una antesala de la impunidad. Medina enfatizó que la defensa de la legalidad no debe ser selectiva y que el silencio del Ministerio Público frente a estas ejecuciones es inaceptable.
De las 234 ejecuciones reportadas, Medina indicó que 37 están documentadas y que se dirigirá al relator de las Naciones Unidas para solicitar su intervención en el país. También anunció planes para acudir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que el Estado está violando el Estado de Derecho y la Constitución.
Medina exigió que la Procuraduría ofrezca una explicación pública sobre la falta de investigaciones en estos casos y que cada uno sea tratado de manera independiente. Además, demandó la preservación de evidencias y la cadena de custodia en las investigaciones.
Finalmente, la CNDH-RD recordó a las autoridades que investigar cada muerte potencialmente ilícita es un mandato imperativo de la Constitución y de los tratados internacionales, y no un favor político.

