La eficacia del sistema penal no se mide por la duración de las penas, sino por su habilidad para prevenir delitos y administrar justicia con respeto a la dignidad humana, según expertos en Derecho Penal. Este enfoque cuestiona la creencia de que penas más severas son la solución a delitos graves, una idea que ha fomentado una cultura punitivista en la sociedad.

El maestro Eugenio Raúl Zaffaroni ha criticado esta noción, señalando que el endurecimiento de las penas no garantiza una disminución en la criminalidad. La pregunta clave es si una pena más alta realmente reduce la comisión de delitos.

La experiencia indica que la política criminal no debe centrarse únicamente en aumentar las penas. Un Estado que solo impone castigos sin fortalecer la prevención, la investigación y la educación, enfrenta las consecuencias del delito sin abordar sus causas subyacentes.

La gravedad de un delito debe evaluarse con criterios de proporcionalidad y responsabilidad penal, evitando que la severidad de la pena se convierta en un medio de venganza social o una respuesta a la presión pública.

El Derecho Penal debe garantizar justicia dentro de los límites de la Constitución y del Estado de derecho, en lugar de satisfacer el deseo de castigo de la sociedad. La transformación del sistema de justicia penal en la República Dominicana no debe comenzar con el aumento de penas, sino con un cambio en la mentalidad de quienes participan en el proceso judicial.

Una justicia que castiga con frecuencia, pero investiga de manera deficiente, no es más eficiente. La verdadera autoridad del Derecho Penal radica en su capacidad para hacer justicia sin sacrificar los derechos fundamentales.

Esta perspectiva es fundamental para construir un sistema de justicia penal que no se limite a administrar castigos, sino que busque realmente la justicia.