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Demócratas exigen investigar contratos de US$7,500 millones para muro de Trump

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Un grupo de 23 congresistas demócratas de Estados Unidos solicitó este lunes una investigación sobre la adjudicación de casi 7,500 millones de dólares en contratos para construir un tramo del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, ante posibles irregularidades y presuntos vínculos políticos entre el Gobierno de Donald Trump y las empresas beneficiadas.

En una carta dirigida al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los legisladores pidieron revisar los procedimientos utilizados para asignar las obras y determinar si las decisiones respondieron a necesidades reales de seguridad fronteriza o a intereses privados.

Entre los firmantes figuran los representantes texanos Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro, quienes señalaron especialmente a las compañías Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, beneficiarias de cuatro de los cinco contratos adjudicados para ese sector.

Los congresistas alegan que el fundador de Barnard Construction, Tim Barnard, donó alrededor de un millón de dólares a grupos de recaudación de fondos vinculados a la campaña presidencial de Trump en 2024. En el caso de Fisher Sand & Gravel, indicaron que la empresa contrató en 2021 a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza del Gobierno estadounidense, para realizar labores de cabildeo en Texas.

Los legisladores también cuestionaron que el DHS clasificara en mayo pasado a Big Bend como una zona de alta entrada ilegal de migrantes, justificando la construcción de barreras físicas por una supuesta necesidad “aguda e inmediata”.

La región comprende unos 832 kilómetros de frontera con México y registra uno de los menores niveles de cruces irregulares. Según los datos citados en la carta, en 2025 concentró apenas el 1.3 % de las detenciones realizadas en la frontera estadounidense.

Los congresistas solicitaron al inspector general determinar si esa clasificación está respaldada por datos, si los contratos fueron adjudicados conforme a los procedimientos correspondientes y si el gasto responde al interés público.

La construcción del muro en el oeste de Texas, que incluye terrenos del Parque Nacional Big Bend, ha generado rechazo de organizaciones ambientalistas, propietarios de tierras y residentes. El área protegida abarca más de 324,000 hectáreas y alberga especies amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes naturales emblemáticos.

La petición de investigación se produce una semana después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara al Gobierno a continuar las obras, que habían sido suspendidas por una instancia judicial inferior en Texas, considerando que el Ejecutivo tiene intereses “apremiantes” relacionados con la seguridad y la integridad de la frontera.

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