La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 1 de junio comenzará una consulta nacional para reformar el sistema de justicia penal del país, en medio de denuncias sobre corrupción judicial, retardo procesal y desigualdad en el acceso a la justicia.
Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que el objetivo de esta iniciativa es impulsar una transformación profunda del sistema judicial venezolano, buscando garantizar una justicia “más eficiente, imparcial y accesible” para todos los ciudadanos.
La mandataria explicó que, tras una primera fase de diagnóstico, las autoridades identificaron tres grandes problemas dentro del sistema penal: el retardo procesal, la corrupción en tribunales y la criminalización de la pobreza. Según Rodríguez, el 68 % de las personas privadas de libertad en el país pertenecen a sectores sociales económicamente vulnerables.
Rodríguez también denunció la existencia de jueces que presuntamente exigen pagos irregulares o “comisiones” a cambio de otorgar medidas de libertad a detenidos, una práctica que calificó de inaceptable y que debe ser combatida en el proceso de reforma judicial.
En relación con el retardo procesal, la funcionaria indicó que recientemente firmó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), medida que elevó el número de magistrados de 20 a 32, con la expectativa de agilizar los procesos y fortalecer la actividad judicial en todo el país.
La consulta nacional buscará recoger propuestas y opiniones de diversos sectores de la sociedad venezolana para definir las líneas de acción de la nueva reforma penal. Rodríguez destacó que el proceso pretende involucrar tanto a expertos y autoridades como a ciudadanos comunes afectados por las fallas del sistema judicial.
Asimismo, hizo un llamado para evitar que la iniciativa sea utilizada con fines políticos o partidistas, pidiendo que el debate se mantenga enfocado en la transformación institucional del sistema de justicia. “Pido que no haya utilización política ni partidista de un proceso que busca genuinamente transformar el sistema penal en nuestro país”, expresó durante el acto oficial.
La iniciativa forma parte de una agenda de reformas impulsadas por el Gobierno venezolano en los últimos meses, luego de que en abril Rodríguez instalara oficialmente una comisión especial encargada de organizar la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen cuestionamientos sobre la independencia judicial y las garantías procesales en el país, en un contexto político marcado por recientes medidas de amnistía y excarcelaciones que han generado debates y críticas tanto dentro como fuera de Venezuela.

