La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que el Reino Unido impide el acceso a pruebas en el caso territorial que enfrenta a su país con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Rodríguez afirmó que Venezuela ha presentado más de 3,000 folios con evidencia sobre la nulidad del Laudo Arbitral de 1899, a pesar de las restricciones impuestas por el Reino Unido.
Durante una rueda de prensa en La Haya, la mandataria destacó que el Reino Unido no solo destruyó evidencias, sino que también garantizó el acceso a pruebas únicamente a la contraparte guyanesa. Rodríguez expresó su satisfacción con el trabajo del equipo de investigación de Venezuela, que logró reunir lo que calificó como «abundante» evidencia.
Negociaciones directas y el Esequibo
Rodríguez reiteró que su Gobierno está dispuesto a avanzar en una negociación directa con Guyana para resolver la disputa territorial. Afirmó que el objetivo de este proceso es evitar que la CIJ valide un «fraude ocurrido hace 127 años», refiriéndose al Laudo Arbitral de 1899.
La controversia se centra en la región del Esequibo, un territorio de aproximadamente 160,000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana. Esta zona, rica en recursos naturales, ha estado bajo administración guyanesa durante más de un siglo, pero es reclamada por Venezuela como parte de su territorio.
El litigio comenzó en marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que se declare la «validez jurídica y el efecto vinculante» del laudo de 1899. Caracas, por su parte, declaró el laudo nulo en 1962, alegando irregularidades en su emisión.
Guyana invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado entre Venezuela y el Reino Unido, como base para la competencia de la Corte y como medio para resolver controversias entre Estados. En junio de 2018, Venezuela comunicó que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia.
En diciembre de 2020, la Corte concluyó que era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del desacuerdo territorial. En abril de 2023, la CIJ rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas, confirmando su capacidad para examinar el fondo del caso.
