El exjefe de la Policía Nacional de Filipinas y senador Ronald «Bato» dela Rosa se encuentra atrincherado en el Senado tras una orden de arresto emitida el lunes por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo requiere por su supuesta implicación en la guerra antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte. Dela Rosa ha solicitado apoyo para evitar su arresto, afirmando que ha recibido información sobre la llegada de agentes para detenerlo.

En un video transmitido en su cuenta de Facebook, el político pidió a los filipinos preocupados por el país que se reúnan frente al Senado para detener el plan de arresto. La prensa local ha informado sobre un fuerte cordón policial en las puertas del Senado, controlando a los seguidores de Duterte.

Dela Rosa, quien descartó entregarse, aseguró que aún tiene recursos legales a su disposición. «Puedo quedarme aquí mientras siga siendo senador», afirmó, tras pasar su segunda noche en el Senado, donde las detenciones requieren autorizaciones específicas.

La orden de arresto de la CPI, inicialmente secreta, lo señala como presunto «coautor indirecto» de crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra contra las drogas de Duterte, en la que se estima que entre 6,000 y 30,000 personas murieron en operativos policiales y ejecuciones extrajudiciales entre 2016 y 2022.

Dela Rosa se atrincheró en el Senado el mismo día que se hizo pública la orden de arresto, logrando escapar de agentes que intentaron detenerlo. En su tercer día confinado, ha instado a las fuerzas armadas a detener los intentos del Gobierno de arrestarlo, afirmando que no tiene planes de abandonar el Senado.

El senador reapareció en la cámara alta tras siete meses de ausencia para participar en una votación que llevó a Alan Peter Cayetano a la presidencia del Senado, quien lo mantendrá bajo «custodia protectora» a menos que una corte filipina ordene su detención. A pesar de la presión, Dela Rosa ha declarado que su cooperación dependerá de los procesos legales que surjan de la Justicia filipina.

La investigación de la CPI se centra en crímenes presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 en el contexto de la guerra antidrogas. La corte sostiene que Dela Rosa contribuyó significativamente a la promoción de estos asesinatos mediante declaraciones públicas que autorizaban y justificaban las muertes.