La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) reveló que cerca del 65 % de las personas privadas de libertad en el país se encuentra en prisión preventiva, según el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025. La población penitenciaria nacional asciende a 23,270 personas, mientras que la capacidad del sistema penitenciario es de 16,357 plazas, lo que representa una ocupación del 142.26 %.
El informe, presentado por Rodolfo Valentín Santos en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, indica que 15,025 internos están en prisión preventiva, equivalentes al 64.57 % de la población total. Santos expresó su preocupación por el uso excesivo de esta medida y su impacto negativo en las condiciones de los centros penitenciarios.
Condiciones de vida en las cárceles
La situación en las cárceles es crítica, con un excedente de 6,913 internos que agrava las condiciones de vida y dificulta la gestión penitenciaria. Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, señaló que muchos internos duermen en el suelo, en pasillos y en estructuras improvisadas llamadas “goletas”.
El informe también destaca que la población penitenciaria es mayoritariamente masculina, con 22,563 hombres (96.96 %) y 707 mujeres (3.04 %). La Defensa Pública subrayó la necesidad de implementar políticas diferenciadas para las mujeres y atención especializada para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Deficiencias y avances en el sistema penitenciario
El documento identifica varias deficiencias en los servicios de salud, incluyendo la falta de medicamentos y equipos médicos, así como limitaciones en la atención de la salud mental. También se mencionan carencias alimentarias y escasez de vehículos para traslados judiciales y hospitalarios.
La situación de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago fue calificada de preocupante, con problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas. Sin embargo, la Defensa Pública también reconoció avances, como el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Valentín Santos concluyó que las cifras evidencian la necesidad de profundizar la reforma penitenciaria y garantizar que la prisión preventiva sea utilizada de manera excepcional, resaltando que el trato a las personas privadas de libertad refleja el compromiso de la sociedad con la dignidad humana y la justicia.

