El director nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, denunció este domingo un grave retraso en las audiencias de medidas de coerción en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, causado por la falta de traslado de imputados desde los centros de detención hacia los tribunales. Más del 90 % de las aproximadamente 60 audiencias programadas diariamente son aplazadas por esta situación.

Valentín Santos consideró que esto viola el artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República, que establece que toda persona arrestada debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su detención. “Tenemos casos de personas que tienen hasta 30 días detenidas sin haber visto a un juez”, afirmó.

El funcionario atribuyó el problema a la saturación del Centro de Detención de San Luis, lo que ha llevado al Ministerio Público a distribuir a los detenidos en distintos destacamentos policiales. Sin embargo, muchos de estos ciudadanos no son trasladados a la Ciudad Judicial para sus audiencias.

Esta situación afecta principalmente a personas de escasos recursos que reciben asistencia de la Defensa Pública, además de provocar retrasos en el sistema judicial y generar mayores costos para el Estado. “Cuando no hay guaguas, medios de transporte, personal o coordinación, quien paga las consecuencias es el ciudadano”, lamentó.

Valentín Santos hizo un llamado a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional y a otras instituciones involucradas para que adopten medidas que aseguren el traslado oportuno de los imputados. “El respeto a las 48 horas no es negociable. Es un mandato constitucional y debemos cumplirlo para que la justicia sea real”, concluyó.