La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) presentó una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, debido a condiciones de hacinamiento e insalubridad en el destacamento del sector Alma Rosa. La denuncia surge tras una inspección realizada el 8 de junio de 2026, donde se constató que 85 personas estaban recluidas en un espacio destinado solo para detenciones temporales.

De los detenidos, 27 esperaban medidas de coerción o diligencias ante el Ministerio Público, mientras que 58 ya tenían medidas de coerción impuestas, pero seguían en el destacamento por retrasos en su traslado a centros penitenciarios. Rodolfo Valentín Santos, director nacional de la Defensa Pública, señaló que esta situación no es aislada, sino parte de una problemática que se ha intensificado en varios destacamentos de Santo Domingo Este.

Impacto en los derechos humanos

Valentín Santos enfatizó que no se puede normalizar que personas permanezcan días o semanas en destacamentos diseñados para detenciones transitorias, lo que vulnera la dignidad humana y afecta el debido proceso. Aseguró que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de detención adecuadas y asegurar el traslado oportuno de quienes ya tienen medidas de coerción.

La Defensa Pública destacó que esta situación evidencia deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que resulta en que personas permanezcan en instalaciones policiales no aptas para detenciones prolongadas. Las condiciones observadas comprometen derechos fundamentales, como la dignidad humana, el derecho a la salud y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución y tratados internacionales firmados por la República Dominicana.

La audiencia para conocer el caso ha sido programada para el próximo 10 de julio de 2026, donde las instituciones implicadas deberán presentar sus escritos de defensa ante el tribunal. Esta situación pone de relieve la necesidad urgente de abordar las condiciones de detención en el país.