La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) interpuso una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, debido a graves condiciones de hacinamiento e insalubridad en el destacamento de Alma Rosa, en el municipio Santo Domingo Este. La denuncia fue realizada tras una inspección el 8 de junio de 2026, donde se constató que 85 personas estaban recluidas en un espacio destinado solo para detenciones temporales.
De los detenidos, 27 esperaban medidas de coerción o diligencias procesales, mientras que 58 ya contaban con medidas impuestas por los tribunales, pero seguían en el destacamento por retrasos en su traslado a centros penitenciarios. La ONDP señaló que esta situación evidencia deficiencias en el sistema de traslados, lo que provoca que las personas permanezcan días o semanas en instalaciones no adecuadas para detenciones prolongadas.
Impacto en derechos fundamentales
La institución argumentó que las condiciones observadas afectan derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física y moral, el derecho a la salud, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, todos protegidos por la Constitución y tratados internacionales. El director nacional de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, enfatizó que el problema no es exclusivo de este destacamento, sino que se extiende a otras dependencias policiales de la zona.
Santos expresó que no se puede normalizar la permanencia de personas en destacamentos diseñados para detenciones transitorias, ya que esto vulnera la dignidad humana y compromete el funcionamiento del sistema de justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de detención adecuadas y asegurar el traslado oportuno de quienes tienen medidas de coerción.
Desarrollo del proceso legal
La primera audiencia del recurso fue conocida por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, pero el conocimiento del fondo fue aplazado debido a incidentes procesales presentados por varias instituciones, incluyendo la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
La ONDP recordó que en 2019 presentó una acción similar por las condiciones de la «carcelita» del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, la cual fue acogida por los tribunales y confirmada por el Tribunal Constitucional, estableciendo un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de detención.
La institución anunció que continuará realizando inspecciones en destacamentos y centros de detención, y que ejercerá las acciones legales necesarias para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
