La defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional excluir del proceso judicial al abogado del Estado dominicano, Manuel Conde, en el caso de presunta corrupción administrativa que supera los 6 mil millones de pesos.
Los abogados de Rodríguez argumentaron que Conde no había comparecido físicamente en etapas anteriores del proceso y que no presentó un poder que acreditara su representación legal del Estado. Durante la audiencia, insistieron en que el tribunal debía ordenar la salida de Conde del estrado.
Decisión del tribunal
A pesar de los argumentos de la defensa, las juezas rechazaron la solicitud, considerando que el nombre de Manuel Conde figura en las actas de audiencias anteriores como parte del equipo legal autorizado para representar al Estado. El tribunal recordó que desde la audiencia del 1 de mayo de 2025 se había dejado constancia de su participación.
El abogado Carlos Balcácer, de la barra de defensa de Rodríguez, interpuso una recusación de oposición a la decisión del juzgado. Sin embargo, el tribunal explicó que, aunque el recurso fue admitido en cuanto a la forma, se rechazó en el fondo tras analizar las disposiciones del Código Procesal Penal y el artículo 69 de la Constitución sobre el debido proceso.
Las magistradas Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Jisell Soto establecieron que no se presentaron elementos nuevos o sustanciales que justificaran cambiar la decisión sobre la participación de Conde. Concluyeron que su presencia en la audiencia no afecta la validez de las calidades otorgadas al Estado dominicano en el proceso.
Continúa el proceso
El tribunal ordenó la continuación de la audiencia contra Jean Alain Rodríguez y demás procesados. Los defensores de Rodríguez han presentado un total de 28 peticiones ante el tribunal, incluyendo la solicitud de declarar nula la acusación del Ministerio Público por supuestas violaciones al debido proceso.
El presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto número 22-21, conformó un equipo de abogados para representar al Estado en acciones para recuperar patrimonio que se haya desviado de las arcas públicas. Manuel Conde y Rafael Rivas son los coordinadores del equipo, ratificados por el decreto 217-25.
