Abogados de varios imputados en un caso de estafa al Banco BHD, que habría causado pérdidas superiores a RD$200 millones, denunciaron este viernes la decisión del juez Rigoberto Sena de imponer un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo, calificándola de “arbitraria”, “abusiva” e “ilegal”.

Al salir de la audiencia, los representantes legales anunciaron su intención de apelar la medida, argumentando que el tribunal aceptó sin cuestionar los argumentos del Ministerio Público y no consideró los planteamientos de la defensa. El abogado Manuel Dilloné, defensor de Juan Antonio Ureña Geraldo, aseguró que el magistrado actuó bajo presión y no evaluó adecuadamente los elementos individuales de cada acusado.

Dilloné criticó la decisión del juez, afirmando que fue “absurda” y que este se mostró “genuflexo” ante el Ministerio Público. Además, señaló que durante la audiencia hubo un impasse entre él y el juez debido a la forma en que se manejó el proceso, indicando que no se revisaron los argumentos de la defensa.

El abogado también destacó que en el expediente no existen pruebas como conversaciones, fotografías o videos que vinculen a su cliente con los hechos investigados. Cuestionó la imparcialidad del juez, afirmando que su función es ser garante de la ley y no un aliado del Ministerio Público.

Por su parte, Juan Carlos Santos Jiménes, abogado de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, opinó que la decisión judicial estuvo influenciada por la presión social generada en torno al caso, que ha tenido gran resonancia en las redes sociales. Anunció que la defensa procederá legalmente en las próximas horas conforme a la normativa procesal.

El abogado Saúl Corales también expresó su desacuerdo con la medida, criticando que el tribunal no individualizó las responsabilidades de cada acusado. Afirmó que no todos los imputados tienen el mismo nivel de responsabilidad y que no se puede tratar a todos de manera uniforme en el proceso judicial.

El juez Rigoberto Sena ha fijado para el 20 de agosto la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los acusados.