El debate sobre «poner en 29» ha puesto de manifiesto la irresponsabilidad de algunos padres en la crianza de sus hijos, quienes justifican la delincuencia y luego culpan al Estado, mientras las víctimas y sus familias claman por justicia y protección. Esta expresión, utilizada en la República Dominicana para referirse a personas que mueren en enfrentamientos con la policía, se ha vuelto común en medio de un creciente debate sobre la delincuencia y la seguridad ciudadana.

La realidad detrás de esta frase es dolorosa: hay familias que viven con miedo y una sociedad que anhela la paz. La Constitución dominicana, en su artículo 37, establece que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe la pena de muerte, pero surge la interrogante sobre quién defiende el derecho a la vida de las víctimas de la delincuencia.

El Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía y garantizar que la justicia funcione, respetando la Constitución y asegurando que el uso de la fuerza policial se mantenga dentro de la ley. La discusión no se limita a estar a favor o en contra de la expresión «poner en 29», sino a cómo la sociedad puede enfrentar la criminalidad sin renunciar al Estado de derecho.

La responsabilidad parental en la crisis social

Un aspecto crítico de esta crisis es la actitud de algunos padres que, en lugar de corregir y asumir su responsabilidad, justifican las conductas delictivas de sus hijos. Cuando un joven comete un delito, no se puede responder que es una víctima de la sociedad; las condiciones sociales pueden influir, pero no justifican el delito.

Es doloroso ver a familiares más preocupados por defender la imagen de sus hijos que por reconocer el daño causado a otros. Ser padre o madre implica enseñar límites y valores, no celebrar la violencia ni convertir la delincuencia en una hazaña.

Reconocer que un hijo ha cometido un delito no significa dejar de amarlo, sino entender que continuar por ese camino puede llevarlo a la cárcel o a causar daño a otros. Según el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), la República Dominicana registró **951 homicidios intencionales** en 2025, lo que refleja un desafío continuo en la violencia letal.

La educación y la responsabilidad social

La educación dominicana enfrenta una deuda con jóvenes de sectores marginados, donde muchos luchan por continuar sus estudios. Sin embargo, hay jóvenes que, a pesar de las dificultades, logran superarse y transformar sus vidas. Esto demuestra que las condiciones sociales no determinan el destino de una persona.

La pobreza no debe ser utilizada como excusa para justificar la violencia ni el abandono estatal. En agosto de 2026, el Gobierno reportó que el porcentaje de jóvenes de **14 a 24 años** que no estudiaban ni trabajaban disminuyó del **28.3%** en 2020 al **16.59%** en 2026, lo que resalta la necesidad de más oportunidades educativas y laborales.

La familia es fundamental en la formación de valores y conductas. Cuando los adultos toleran comportamientos dañinos, contribuyen a deteriorar los valores necesarios para una sociedad democrática. La responsabilidad parental implica establecer límites y enseñar que la libertad debe ejercerse respetando a los demás.

El Estado debe actuar, pero la sociedad también tiene un papel crucial. La respuesta a la delincuencia no puede depender solo de la policía; se necesita justicia oportuna, investigaciones eficaces y oportunidades laborales. La confianza en la justicia debe ser restaurada, y la violencia no puede ser vista como un camino legítimo hacia el éxito.

Defender a un hijo de todas las consecuencias no siempre es protegerlo; a veces, es permitir que continúe un camino destructivo. La República Dominicana necesita un Estado firme, una justicia independiente y familias comprometidas con la formación de ciudadanos responsables. El verdadero fracaso es renunciar a educar y justificar el daño causado, olvidando que detrás de cada víctima hay una familia que merece justicia.