El debate sobre una posible revisión del nuevo Código Penal ha cobrado fuerza a menos de cuatro meses de su entrada en vigencia.

Esto ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre la severidad de algunas sanciones y llamados a corregir aspectos clave antes de agosto.

La discusión gira en torno a si las modificaciones deben realizarse antes de que la ley entre en vigor o si es mejor esperar su aplicación para evaluar posibles ajustes.

Esta incertidumbre ha generado un intenso intercambio de opiniones entre juristas y legisladores.

Juristas constitucionalistas han señalado que, aunque la normativa introduce avances importantes al sistema de justicia, todavía contiene disposiciones que requieren revisión.

Especialmente se ha mencionado el cúmulo de penas y el endurecimiento de sanciones como aspectos problemáticos.

Opiniones de expertos y legisladores

El abogado Jottin Cury argumenta que el aumento de castigos no necesariamente reduce la criminalidad.

Según él, para disuadir delitos se necesita más que condenas severas, ya que esto involucra múltiples factores.

Cury sostiene que «está demostrado estadísticamente que el endurecimiento de las penas por sí solo no es un disuasivo para aminorar el delito».

Esta afirmación resuena en el contexto de la discusión actual.

Por su parte, el abogado constitucionalista Rafael Polanco Gómez destacó los avances que la nueva normativa trae al sistema de justicia.

Sin embargo, también coincidió en que es necesario revisar el Código, aunque sugiere esperar a su aplicación para determinar qué aspectos necesitan ajustes.

Posturas en el Congreso

Legisladores oficialistas han expresado opiniones diversas sobre la posible revisión del Código. Algunos abogan por ajustes inmediatos, mientras que otros prefieren esperar su entrada en vigencia.

El diputado Eugenio Cedeño, quien formó parte del equipo que analizó la normativa en el Congreso, mostró su desacuerdo con el artículo que establece el cúmulo de penas, argumentando que este no permite la revisión de la condena.

Cedeño enfatizó que el objetivo de las condenas debe ser la reinserción de la persona condenada, pero la normativa actual cierra esa posibilidad.

En contraste, Amado Díaz considera que hablar de una modificación al Código Penal es muy prematuro.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, informó que su instancia ya participa en el proceso de revisión.

Además, el Tribunal Constitucional tiene pendiente decidir sobre una acción interpuesta por el Colegio de Abogados contra 11 artículos del Código.

En medio de esta polémica, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) ha convocado a diversos sectores, incluidos legisladores, para analizar el tema junto a expertos franceses.