La coordinadora general del movimiento comunitario y político “Acción Rápida” en Nueva York, Dayanara Borbón, criticó al cónsul dominicano en la ciudad, Jesús Antonio Vázquez (Chu), por sus promesas incumplidas relacionadas con el apoyo a dominicanos afectados por estafas inmobiliarias. Borbón representa a 323 dominicanos que invirtieron más de 17 millones de dólares en la compra de apartamentos a la empresa INDISARD en República Dominicana, los cuales nunca fueron entregados.

Borbón señaló que no han recibido apoyo del consulado ni de otras instituciones como el Defensor del Pueblo, ProConsumidor, el Registro Inmobiliario o el Ministerio de Vivienda, lo que contradice lo que establece el Artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que establece la obligación de brindar asistencia a los ciudadanos en el exterior.

Demandas de la comunidad dominicana

Los dominicanos en Nueva York, bajo el liderazgo de Borbón, han iniciado procesos judiciales y protestas para exigir que las inmobiliarias que operan en Estados Unidos estén reguladas y supervisadas. Hasta el momento, no se ha cumplido con las solicitudes mínimas para prevenir estafas que afectan a cientos de dominicanos en el exterior.

Borbón recordó que el cónsul recibió a una comisión de “Acción Rápida” en su despacho, pero hasta la fecha no ha habido resultados concretos de lo discutido. “De escuchar a actuar, hay un abismo”, afirmó la dirigente comunitaria.

Criticó que el cónsul asista a “Ferias Inmobiliarias” en Nueva York, donde se venden inmuebles sin regulación, lo que considera un respaldo a prácticas que perjudican a la diáspora. “Proteger a la diáspora” se ha convertido en una mera imagen pública, según Borbón.

Falta de apoyo institucional

A pesar de la desesperación de las víctimas, muchas personas continúan llegando al consulado en busca de ayuda y terminan recibiendo el número de teléfono de Borbón sin su consentimiento. Esto plantea la pregunta de dónde está la estructura de apoyo que el cónsul dice existir.

Borbón concluyó que las víctimas no requieren discursos ni relatos políticos, sino acciones efectivas y funcionarios responsables que enfrenten el problema de las estafas inmobiliarias, que siguen ocurriendo a diario en el exterior.