Los daños a la infraestructura vial de Bolivia, provocados por más de 50 días de bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz, superan los 150 millones de bolivianos (aproximadamente 15,1 millones de dólares), según denunció el Ministerio de Obras Públicas este martes.

Las afectaciones incluyen destrozos en la señalización, elementos de seguridad y obras de drenaje en 37 tramos de la Red Vial Fundamental (RVF), así como pérdidas por la recaudación de peajes que no se pudo realizar durante los bloqueos, detalló el ministerio en un comunicado.

En el departamento de La Paz, donde se encuentran la sede del Gobierno y el Legislativo, las carreteras más afectadas son la que conecta con la región andina de Oruro y la vía internacional hacia Perú a través de la localidad de Desaguadero.

El reporte indica que las carreteras en La Paz sufrieron un deterioro de la carpeta asfáltica debido a la quema prolongada de neumáticos en numerosos puntos de bloqueo, donde los manifestantes levantaron barricadas de tierra utilizando maquinaria pesada.

Además, se registraron daños a la infraestructura de peaje en la ruta La Paz-Oruro, donde fueron destruidas casetas, instalaciones y equipos operativos, lo que afectó el sistema de cobros y generó pérdidas económicas para la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En la carretera hacia Desaguadero, la plataforma vial fue destruida en varios tramos, donde los manifestantes cavaron zanjas transversales de grandes dimensiones para impedir el tránsito, y en al menos otras tres rutas se destrozaron barreras de seguridad de concreto para usarlas como material de bloqueo.

También se reportaron afectaciones en carreteras de los departamentos de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Potosí.

Los bloqueos fueron liderados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales, exigiendo la renuncia del presidente Paz, quien cumple ocho meses en el cargo.

Este conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades, dejando al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares.

Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el estado de excepción el pasado 20 de junio para levantar los bloqueos, lo que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las vías para retirar los materiales obstruyentes.

En una investigación relacionada con las afectaciones de las protestas, el lunes fue encarcelado preventivamente por seis meses el máximo dirigente de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, acusado de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo y atentado contra los servicios públicos y medios de transporte.