Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezados por Dañino Medina, han lanzado críticas al gobierno del presidente Luis Abinader a través de diversos medios de comunicación, mientras enfrentan acusaciones de corrupción que involucran a miembros cercanos de su administración.

Medina y otros exfuncionarios del PLD han descalificado la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sin considerar los escándalos de corrupción que marcaron sus propios ocho años en el poder. Según el Ministerio Público, varios casos de corrupción han salpicado a familiares de Medina, así como a colaboradores del partido.

Entre los casos más destacados se encuentra la Operación Antipulpo, que involucra a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de Dañino Medina, y a otros exfuncionarios. Se les acusa de formar una red para obtener contratos estatales de manera irregular, con un fraude que supera los RD$4,000 millones, aunque algunas fuentes estiman que podría alcanzar los RD$4,796 millones.

Asimismo, la Operación Coral y Coral 5G están relacionadas con altos funcionarios y militares, incluyendo al exjefe de seguridad presidencial Adán Cáceres Silvestre. Las autoridades han señalado que se utilizó una estructura para desviar fondos públicos, con un monto atribuido al presunto desfalco que oscila entre RD$3,000 y RD$4,000 millones.

Otro caso relevante es la Operación Medusa, que involucra al exprocurador general Jean Alain Rodríguez. Este expediente incluye acusaciones de sobornos y manejo fraudulento de fondos públicos, con un monto estimado de aproximadamente RD$1,000 millones en operaciones ilícitas.

Finalmente, la Operación Calamar es uno de los casos más grandes, donde se han señalado a exministros y exfuncionarios del PLD. El Ministerio Público acusa a esta red de utilizar fondos públicos para pagos ilegales y financiamiento político, con montos que varían entre RD$19,000 millones y RD$31,000 millones.

A pesar de estos escándalos, los dirigentes del PLD parecen ignorar la magnitud de las acusaciones. Se espera que, al concluir la gestión del presidente Abinader, se determine si algunos de sus familiares o colaboradores serán sometidos a la justicia, lo que podría cambiar el panorama actual.