Una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que entra en vigor este miércoles, establece beneficios fiscales para los empleadores y las personas con discapacidad contratadas en entidades y talleres. La medida busca incentivar la contratación de estos trabajadores y mejorar su situación laboral.
El documento, publicado en la Gaceta Oficial, permite a las empresas de industrias locales y talleres que contraten a discapacitados deducir el 150 % de los gastos por concepto de pago de salarios y contribuciones a la seguridad social, aplicable al impuesto sobre utilidades. Además, se incrementa en un 50 % el mínimo exento para el cálculo y pago del impuesto sobre ingresos personales de los empleados con discapacidad en estas entidades.
Beneficios adicionales y control fiscal
La resolución también establece un tipo impositivo del 30 % para el aporte por rendimiento de la inversión estatal en las entidades beneficiadas. Asimismo, se exime del pago del impuesto sobre las ventas y los servicios a los actores económicos por las ventas mayoristas de insumos y materias primas a las empresas de industrias locales y talleres donde laboran personas discapacitadas.
Sin embargo, los actores económicos deberán diferenciar en su contabilidad las ventas mayoristas de insumos y materias primas a estas empresas. La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) será responsable de establecer los mecanismos necesarios para garantizar el control de los beneficios otorgados.
Esta iniciativa forma parte de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano en junio, que buscan incrementar los beneficios fiscales específicos para los talleres que emplean a personas en situación de discapacidad. Hasta la fecha, la implementación de estas reformas avanza al 91 %, con 160 reformas ya en marcha.
El paquete de reformas tiene como objetivo liberalizar y descentralizar la economía cubana, que enfrenta una profunda crisis por motivos internos y externos. Entre sus propuestas se incluyen la dinamización de la agricultura, el comercio exterior, la inversión privada y extranjera, así como otorgar mayor autonomía a las empresas estatales y permitir la participación del capital privado en la actividad financiera.
