La nueva ley petrolera que entra en vigor este lunes en Cuba regula la cadena de hidrocarburos y permite la inversión de personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras. Sin embargo, expertos advierten que los privados en la isla aún son «pequeños» para los capitales necesarios en el sector y que existe un «control rígido» estatal sobre estos recursos.

La normativa abarca desde la exploración en zonas terrestres y aguas profundas hasta la refinación, transporte y comercialización, estableciendo que «los yacimientos» en el país son de propiedad socialista y se rigen por principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Según Pedro Abigantus, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, el objetivo es «crear condiciones jurídicas para incrementar progresivamente la producción de petróleo crudo y gas natural» y elevar las reservas para cubrir la demanda nacional de combustibles.

El economista Omar Everleny señala que, aunque la ley busca organizar el sector, el Estado cubano mantiene un «control muy rígido» y una «hipercentralización» sobre los recursos. «Todos los permisos deben ser aprobados al más alto nivel de Gobierno, lo que refleja una retórica de mucho control», afirmó.

La ley establece un marco estructurado para la participación de «personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras» en actividades petroleras mediante contratos de producción compartida, concesiones petroleras y contratos de servicios. Sin embargo, Daniel Torralbas, otro economista cubano, advierte que esta autorización no resolverá los problemas financieros, ya que la actividad es intensiva en capital.

Torralbas destaca que el sector privado cubano es pequeño para una industria que requiere grandes inversiones en tecnología, maquinaria y formación. «Esta es una actividad para grandes industrias y empresas que dependen de economías de escala, y la economía cubana no podrá cubrir la necesidad de financiamiento», agregó.

El economista también menciona que la participación del sector privado podría ampliarse en áreas como la comercialización, importación, almacenamiento y venta de combustibles. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones de combustibles a Cuba desde ese país alcanzaron los 231,7 millones de dólares en lo que va de 2026, impulsadas por empresas privadas de la isla.

Con la actualización de la ley, el Gobierno cubano busca reducir su dependencia de importaciones de combustible, en un contexto de crisis energética que ha llevado a apagones de más de 20 horas diarias y que se ha visto agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU.. Este bloqueo ha limitado las importaciones de crudo a la isla y ha llevado a sanciones a quienes mantengan negocios con Cuba, afectando a inversionistas extranjeros como la minera canadiense Sherritt International, que suspendió su participación directa en sus empresas mixtas en la isla.