El Gobierno de Cuba acusó este miércoles a Estados Unidos de «intimidar con amenazas» a Estados y empresas que exporten o transporten combustibles a la isla, calificando estas acciones de «ilegal» y de «piratería y pillaje». La denuncia fue realizada por el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, tras el anuncio de la confiscación de más de 600,000 galones de biodiésel, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares, que se dirigían a Cuba.
Fernández de Cossío afirmó que la importación de combustibles por entidades estatales y privadas en Cuba es legal según la legislación nacional y el Derecho Internacional. Además, subrayó que es ilegal intimidar a Estados soberanos con amenazas de represalias por parte del gobierno de EE. UU. si deciden exportar combustible a la isla.
Acciones de EE. UU. y su impacto
El vicecanciller cubano también denunció el hostigamiento e interceptación de buques en aguas internacionales que transportan combustibles a Cuba, considerándolo un acto ilegal. Reiteró que las actividades de disposición, almacenamiento y comercialización de combustible dentro del territorio cubano son legales, así como su transporte en aguas internacionales.
Fernández de Cossío calificó de «ilegal, inmoral y criminal» someter a un pueblo a la asfixia económica como castigo colectivo con fines políticos. Esta situación se agrava en el contexto de la crisis energética que enfrenta Cuba desde mediados de 2024, la cual ha sido exacerbada por las sanciones impuestas por EE. UU.
Agencias del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunciaron que han confiscado noventa cargamentos de combustible, de los cuales 71 provenían del Puerto Everglades en Florida y 19 del Puerto Houston en Texas, dirigidos a Enetec, una compañía cubana sancionada. José R. Figueroa, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, indicó que esto es un intento deliberado de socavar las sanciones estadounidenses.
La crisis energética ha paralizado casi totalmente la economía cubana, que enfrenta su peor crisis en décadas, caracterizada por la escasez de alimentos, medicinas y otros recursos básicos. Esto se suma a los apagones diarios provocados por averías en las obsoletas centrales de generación eléctrica y el déficit de combustibles.
Las sanciones de Washington también amenazan a las empresas que mantienen negocios o apoyan al Gobierno de La Habana, lo que complica aún más la situación económica de la isla.
